La gobernadora Margarita González Saravia ha señalado reiteradamente que la figura de Uriel Carmona Gándara como fiscal general de justicia “está desgastada”, y dicho que “es el momento de relevarlo”. Pero Uriel pone oídos sordos, no sólo a voz de la Gobernadora, también al reclamo de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en noviembre de 2022 expresó en rueda de prensa: “El fiscal general de justicia del estado de Morelos está encubriendo, tratando de tapar un feminicidio”. Se refirió al cuerpo de la joven Ariadna que fue encontrado en territorio morelense. Indicó: “Existen “presuntos nexos entre el feminicida (Rautel ‘N’) y la Fiscalía General de Justicia de Morelos. Decirle a la familia de Ariadna que no va a haber impunidad”. Lo cual trae a cuento esta historia, omitidos algunos nombres por el columnista:
Todo empezó a las 3.30 de la tarde del miércoles 28 de enero de 1998, cuando en el kilómetro 83.600 de la carretera Cuernavaca-Iguala, cerca del poblado El Platanillo, elementos de la Policía Federal de Caminos detuvieron a tres sujetos en una camioneta Dodge Ram negra placas NU-12952 que resultaron ser el coordinador operativo, un comandante y un agente de la Policía Judicial de Morelos. Estaban parados cerca del cofre que apuntaba al monte y, oculto en el reducido espacio entre la parte trasera del asiento y la lámina de la caseta, llevaban el cuerpo de un secuestrador. Habían parado ahí para darle al cadáver el clásico “carreterazo”. Mostraba huellas de tortura, y correspondía a un hombre corpulento, de 1.70 mts. de estatura, tez morena clara y de aproximadamente 30 años al que los policías se disponían “sembrar”, metiéndolo adentro de unos tubos de concreto que se encontraban a pocos metros de la cinta asfáltica. Uno de los cuerpos correspondía a dos de tres delincuentes que habían sido detenidos la noche anterior por elementos de la Policía Preventiva Estatal, en la colonia Amador Salazar del municipio de Yautepec. Fueron identificados como los individuos que el lunes 26 del mismo mes habían asaltado la granja avícola de la empresa León ubicada en la colonia Atlihuayán, donde se enfrentaron a balazos con la Preventiva y murió un agente. Confesaron que habían asaltado y robado sus armas a dos elementos del grupo antisecuestros de la PJ, lesionando de un balazo a una mujer policía y cometido una larga cadena de ilícitos que incluía el secuestro frustrado de un menor de 15 años, así como un asalto a los pasajeros de un autobús de la línea Estrella Roja, hiriendo a dos, uno de los cuales murió en el hospital regional del IMS.
A las 2.30 de la madrugada del miércoles 28 los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y metidos en los separos de la PJ. Horas después, el comandante y sus subalternos salieron por el “embudo” de las instalaciones de la PJ en la Base Zapata. Llevaban escondido el cadáver del secuestrador para tirarlo en la jurisdicción del Estado de Guerrero. El procurador Carlos Peredo Merlo no tardó en ser acusado de haber autorizado que se deshicieran de la “evidencia”. Peredo, el subprocurador Rafael Augusto Borrego Díaz y el director de la PJ, Jesús Miyazawa Álvarez, fueron destituidos y sometidos a proceso. Sólo pisaron por unas horas el penal de Almoloya, pero el escándalo ya estaba dado, resonó en todo el país y desencadenó la caída del gobernador Jorge Carrillo Olea. Tres meses más tarde, Jorge Morales Barud fue electo gobernador sustituto por el Congreso Estatal, asumiendo el cargo el 18 de mayo. Semanas después dirigió el proceso para la designación del primer procurador de justicia nombrado Poder Legislativo de entre una terna que resultó ser José Castillo Pombo. Hoy, veintiséis años más tarde, ¿qué es mejor para Morelos? Opción una: ¿qué el fiscal sea designado por el Congreso Estatal, o dos: que sea nombrado directamente por la Gobernadora? La respuesta parece obvia: la designación directa… (Me leen mañana).