Faltaban 20 días para que terminara el gobierno de Cuauhtémoc Blanco cuando los ruteros demandaron la autorización de un aumento de la tarifa, antes de que arrancara el gobierno de Margarita González Sarabia. Exigieron 15 pesos en lugar de 10, pero el Gobierno del Estado rompió las pláticas. Liderada por Dagoberto Rivera Jaimes, la Federación Auténtica del Transporte pretextó que cada año “se debía” ajustar la tarifa. Los concesionaros esperaron más de 15 días sin respuesta por parte del entonces secretario del transporte, Eduardo Galaz
Chacón. Entonces Dagoberto lloriqueó: “no se convocó a las reuniones que teníamos, nunca nos dieron explicación”. Los ruteros amenazaron: “estamos viendo si nos movilizamos o nos vamos por la instancia legal”. Pero ni se movilizaron ni acudieron a “la instancia legal”, tampoco suspendieron el servicio ni aumentaron la tarifa, según habían amagado. Afortunadamente, y peor les ha ido hasta hoy con Margarita González Saravia en el cargo de la primera mujer gobernadora de Morelos en la historia de nuestra entidad. Dejaron de amenazar con elevar la tarifa, de modo que viene a cuento esta historia que es ignorada por las nuevas generaciones:
De los 40 centavos que costaba un pasaje en las postrimerías de los años cincuenta y 45 en los sesenta, escaló a 50, 60 y 70 centavos. Cinco años después llegó a $ 1.50, como consecuencia de la primera devaluación del peso en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Se acercaba el final de los ochenta cuando el pulpo camionero dio la última boqueada. Databa de fines de los setenta, monopolizado por el zar del transporte, Jesús Escudero, un multimillonario con autobuses de pasaje urbano en Acapulco y gente, se decía, del cacique del priismo guerrerense Rubén Figueroa Figueroa. En Morelos, Escudero les compró autobuses y concesiones a los dueños de las líneas de camiones urbanos y suburbanos Chapultepec, Urbanos y Emiliano Zapata.
En 1979-80, los usuarios de Cuernavaca y municipios aledaños estaban hartos de que los permisionarios del transporte urbano subieran las tarifas cada vez que les daba la gana. Los transportistas estaban coludidos con funcionarios corruptos. De pronto convertidos en concesionarios, los choferes de taxis y autobuses urbanos empezaron a recorrer las calles con lo primero que tuvieron a la mano: coches a manera de taxis “peseros”, como había en el entonces Distrito Federal, viejos la mayoría, y combis usadas que los usuarios aceptaron de buen talante. Creadas como el Sistema de Transporte Colectivo por el entonces gobernador Lauro Ortega Martínez, sorteada una parte de las concesiones en el desaparecido cine Ocampo (el hoy Teatro de la Ciudad) a choferes de taxis, otra parte a permisionarios de los antiguos autobuses de servicio urbano de pasajeros y una tajada más del pastel a las dirigencias de la CTM y el SNTE que fundaron las rutas obrera y escolar.
Sin embargo, una vez muerto el pulpo camionero poco tardó en ser parido el monstruo rutero, vendidas las concesiones por ex taxistas que no supieron manejar el negocio, acaparadas por flotilleros voraces, distribuido el botín entre presidentes de rutas y revividos los permisos del ex monopolio de Escudero. Pero lo peor: ya no con uno sino con varios interlocutores ante el gobierno y parecidos o iguales vicios, explotados laboralmente los choferes que hasta la fecha cubren jornadas de más de ocho horas sin prestación laboral alguna en un servicio público de tercer mundo padecido por miles de niños y adultos que viajan apiñados en combis y microbuses mayormente de modelos atrasados… (Me leen mañana).
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