Las críticas a la corrupción por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que históricamente ha caracterizado al Poder Judicial, son reiteradas. El viernes antepasado reprochó en su conferencia mañanera un “poder familiar de la federación”. Nuevamente aseguró que la reforma judicial va a sanear al Poder Judicial, y acusó que el hecho de que sean jueces no quiere decir que todos están fuera de la ley. Insistió en la elección popular de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras.
Manifestó que el Consejo de la Judicatura “no hizo prácticamente nada”, que debe haber orden en el Poder Judicial y los actos de corrupción que cometan puedan ser sancionados los jueces. “El (sólo hecho de) que sean jueces no quiere decir que están fuera de la ley”, expresó.
El cochinero no es nuevo; la corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF) a la que se refirió el en ese momento presidente Andrés Manuel López Obrador no fue ni es una mera suposición. No sólo se practica con la venta de amparos y sentencias que es perpetrada por parte de algunos jueces y magistrados. La corrupción en las tripas del Poder Judicial también se manifiesta con negocios particulares mediante el uso de fondos públicos. Durante cerca de una década, en oficinas y juzgados federales de la Ciudad de México operó una red de usura integrada por empleados y mandos superiores del PJ que utilizaba fondos del Poder Judicial para luego prestarlos con altos intereses. Sucedió, y no es imposible que en la actualidad continúe ocurriendo. Con la autorización, o al menos la omisión del Consejo de la Judicatura Federal –el máximo órgano regulador del Poder Judicial–, cientos de empleados del Poder Judicial fueron víctimas de esa red usurera que usó dinero oficial en beneficio económico de funcionarios de élite, entre ellos jueces y magistrados. Para no ir más lejos, en diciembre de 2023 el Consejo de la Judicatura Federal informó que ese año atendió 391 denuncias por corrupción y nepotismo en el PJF.
EL PRESIDENTE del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio Sánchez Purón, “demandó” a los diputados locales a que permitan mayor participación de la sociedad en la creación de leyes. ¿Y quién es él para “demandar”? Menos mal que la 4-T no suele hacer caso al protagonismo desesperado… DESDE agosto anterior la supervisora de educación preescolar del IEBEM, Ana Lilia “N”, fue denunciada en la Fiscalía General de Morelos por el delito de despojo. La denuncia fue turnada a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, que inició la carpeta número SC01/8204/2024. La fiscalía giró una orden a la Policía de Investigación Criminal de la zona metropolitana, todo lo cual generó una orden de arraigo domiciliario versus Ana Lilia, quien, si fue buscada, sólo la policía lo sabe. A veces la justicia muestra la misma lentitud que la tortuga… (Me leen mañana).
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