El siguiente gobernador de Morelos será del partido Morena; eso es virtualmente seguro. Rabindranath Salazar, Juan Salgado Brito, Víctor Mercado, Margarita González, Sandra Anaya o Tania Valentina Rodríguez, esta última petista. Sin duda alguna, la próxima jefa o jefe de gobierno de la CDMX también será de Morena –el partido con el mayor porcentaje de aceptación social–, en este orden de posibilidades: Omar García Harfuch o Clara Brugada Molina, o Clara Brugada Molina u Omar García Harfuch. Los demás le dan sabor al caldo: Hugo López Gatell, Miguel Torruco y Mariana Boy Tamborell. El panorama preelectoral en términos de partidos está más claro que un día sin eclipse. Igualmente, es un hecho prácticamente consumado que el gobernador de Morelos 2024-2030 no será de la coalición PAN-PRI-PRD, excluido el PRD de esa revoltura “ideológica” tras perder el registro electoral porque no obtuvo el mínimo del 3 por ciento en las elecciones de 2018. El viernes pasado, la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda formalizó sus precandidatos a gobernadores de Morelos, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Creado el estado de Morelos en 1869 por decreto del presidente Benito Juárez, el próximo gobernador de la tierra de Zapata será el número ochenta. ENDURECER las sentencias a los delincuentes no acabaría con el problema de la inseguridad pública, pero algo ayudaría. Los homicidas reincidentes, el violador, el secuestrador, el extorsionador deben estar en la cárcel y no salir nunca más. Pero hasta para esta clase de alimañas la ley suele ser benigna. Y eso que en 1997 las sentencias para el asesino, el violador y el plagiador fueron aumentadas de 25 a 40 años mediante reformas a los códigos penal y de procedimientos. Las elaboró el penalista Sergio García Ramírez y las aprobó la XLVII Legislatura. Para los policías que incurran en tales delitos, la penalidad es doble. Se considera que cuarenta años en “chirona” es demasiado tiempo, pero muy pocos sentenciados “a la máxima” cumplen la totalidad de la pena. Otros ordenamientos, las “chicanas” de abogados transa “amarchantados” con agentes del Ministerio Público y jueces corruptos los ponen libres en poco tempo. Por eso la Legislatura del Congreso Estatal haría un bien al pueblo implementando penas más severas, incluida la cadena perpetua, ya que la pena capital no se puede aunque muchos lo merezcan. Los criminales atestan las cáceles. Proyectado inicialmente para ser construido en Chiapas, por allá de 1995 cuando estaba en el clímax la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el presidente Ernesto Zedillo lo intentó, pero no pudo echarle más lumbre a la hoguera. Fue así que la inversión para el penal chiapaneco fue trasladada a Morelos, y resultó el penal de Atlacholohaya que en el otoño del 2000 substituyó a la antigua penitenciaría de Atlacomulco. A los últimos gobernadores priistas, y García Rubí, les tocaron las mudanzas de los reos. Pero, desatados los índices delincuenciales, la flamante prisión pronto se llenó de internos. Fue proyectada para dos mil prisioneros, pero entre delincuentes sentenciados, en etapa de proceso, inocentes o culpables, hoy no caben más. Por cada uno que sale entran dos, reeditado el hacinamiento de reos que caracterizó a la desaparecida “peni” de Atlacomulco. De la readaptación social ni hablar; no existe en la realidad del sistema penitenciario mexicano. El desempleo y la ignorancia son causas delincuenciales y, acentuados los índices crecientes por la crisis económica y otras causas, se expresan en la inseguridad pública que atesta las cárceles de hombres y mujeres, mayoritariamente jóvenes. Pero esto es sólo una parte del problema. Urgen penas más duras para los criminales, pero sobre todo nuevas fuentes de empleo y espacios de esparcimiento para la juventud. Un sueño guajiro… (Me leen mañana).
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