En 2025-27, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) será una parte fundamental de los gobiernos municipales de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Temoac Tlaquiltenango, Xochitepec y Yecapixtla. También de Cuautla, donde el alcalde electo es de extracción perredista. Esta es la circunstancia en la que a Sergio Prado Alemán le toca encabezar el partido del sol azteca en Morelos, un cuernavacense de auténtica clase popular como es la gente del centro comercial Adolfo López Mateos de la capital. Pero, ¿de qué manera surgió el PRD a la vida pública nacional? Las nuevas generaciones lo ignoran. Nació como una agrupación combativa, practicante de la toma de edificios públicos y el cierre de carreteras y calles, de oposición al gobierno. En Morelos, su mejor año fue 1997. Ganó siete diputaciones uninominales y cinco plurinominales en el Congreso Estatal, representado en la XLVII Legislatura por Pedro Felipe Figueroa Rabadán, Noé Suárez López, Hugo Carvajal Aguilar, Laura Adela Bocanegra Quiroz, Juan Antonio Reynoso Abúndez, Fernando García Gómez, Benito Jiménez
Zavala, Juan Ignacio Suárez Huape, Elpidio Perdomo Román y María Cristina Balderas Aragón. También le fue de perlas en los comicios municipales. Ganó en Cuautla (Francisco Rodríguez Montero), Huitzilac (José Luis García Aguilar), Jiutepec (Adolfo Baragán Cena), Tepoztlán (Fermín Bello Villamil), Tlaltizapán (Arturo Edmundo Zúñiga Hernández), Yautepec (Ramón González Castrejón) y en un par de localidades más. En 2012, el PRD ganó por primera vez la gubernatura con Graco Ramírez Garrido Abreu como su candidato, relevando a Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame Castillo, del PAN, que había mantenido dos sexenios la titularidad del Poder Ejecutivo tras siete décadas de monopolio priista. ¿Qué sigue hoy? La moneda está en el aire…
LA CIFRA pretendida por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), superior a mil 800 millones de pesos, es incosteable para la realidad económica del estado de Morelos. De otra manera, textual, así lo ha advertid la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Jazmín Solano López.
En julio de 2021, la corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF), a la que ya se había referido el en ese momento presidente Andrés Manuel López Obrador, no era una suposición. Era sabido que la corrupción no sólo se practicaba en la venta de amparos y sentencias que manejaban algunos jueces y magistrados. La corrupción dentro del Poder Judicial también era pública y notoria en negocios particulares mediante el uso de fondos públicos. En oficinas y juzgados federales de la Ciudad de México venía operando una red de usura por parte de empleados de mandos superiores del PJ de la Federación, utilizando fondos del propio Poder Judicial para prestarlos con altos intereses. Con la autorización, o al menos con la omisión del Consejo de la Judicatura Federal –el máximo órgano regulador del Poder Judicial–, cientos de empleados del Poder Judicial fueron víctimas de esa red usurera de préstamo de dinero oficial en beneficio económico de funcionarios de élite, entre ellos jueces y magistrados. En diciembre de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal informó que ese año atendió 391 denuncias por corrupción y nepotismo en el PJF. Sucedía y sigue sucediendo. Por eso la reforma judicial a la que se oponen las fuerzas del conservadurismo… (Me leen el lunes).
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