En el juego de “vencidas” entre el Ayuntamiento y los propietarios de estacionamientos públicos, los perdedores son los automovilistas. El Reglamento de Estacionamientos establece una hora de servicio gratis, pero esto no sucede en la práctica. Teóricamente, bastaría con obligar a los dueños de estacionamientos a que presten el servicio al que legalmente están obligados. Que las instalaciones sean seguras y limpias, acordes con las tarifas que por años han cobrado. Deberían contar con sanitarios para hombres y mujeres, instalaciones y equipos de protección civil –extintores, puertas de emergencia, etc.–, rampas para minusválidos así como pólizas de seguros contra incendios, sismos, robo, etc. Para ello, en agosto de 2019 a los propietarios de estos negocios dedicados al aparcadero y resguardo de vehículos automotores, se les fijó un plazo de noventa días contados a partir de que entró en vigor el nuevo reglamento de estacionamientos. Pero desde el principio muchos se resistieron y, rebeldes ante la autoridad y la razón, amenazaron con el recurso del amparo. Otros de plano admitieron que no podrían acatar la ley, reducidos los tamaños de sus aparcaderos que habilitaron en patios y garajes de casas particulares, como hasta la fecha sucede en innumerables estacionamientos ubicados en calles del centro de Cuernavaca donde no tienen espacios para construir waters, casetas de cobro y oficinas administrativas. En los estacionamientos de plazas comerciales grandes, donde caben docenas de miles de vehículos y por lo tanto sus ingresos son multi millonarios, multiplican con creces el dinero tras las horas gratuitas. En estas condiciones, ¿existen maneras de presión? No es por darle malas ideas a la autoridad, pero ¿qué tal si en los estacionamientos abusivos de pronto les falla el suministro de agua potable “por cuestiones técnicas”? ¿O que Protección Civil municipal los cierre por horas o días mientras despliega un programa de revisión de equipos e instalaciones? Todo para procurar el bien de los más (los clientes) sobre los intereses de los menos (los dueños). Cuesta más construir un edificio que bardar un predio baldío, habilitar una caseta o poner una mesa de cobro y listo: ya se tiene un “estacionamiento” que genera más utilidades que la renta de departamentos para vivienda, despachos de abogados o pequeñas clínicas dentales. Los automovilistas, que son los “inquilinos”, no atrasan el pago de las rentas, las cubren diaria y puntualmente, constituyen un mercado cautivo ya que lugares para “aparcar” en la vía pública hay cada vez menos por el aumento del parque vehicular y las calles no son de chicle como para agrandarlas. Hubo un reglamento que databa de cuando el desaparecido Luis Flores Ruiz fue el alcalde de Cuernavaca y, aunque estuvo vigente por tres décadas, la corrupción y los intereses millonarios en juego volvieron imposible su aplicación. Aquel documento ordenaba exactamente lo contrario de lo que hasta la fecha no sucede en la mayoría de estos establecimientos: tarifas según la calidad del estacionamiento, por la primera hora y fraccionadas las siguientes; instalaciones sanitarias para hombres y mujeres, balizamiento de “cajones”, puertas de acceso y salida, acomodadores capacitados, uniformados y con licencias de chofer así como áreas de espera para los clientes. Pero si meter al orden a los estacionamienteros en tiempos normales fue imposible, hacerlo en la pandemia de hoy resulta utópico… (Me leen después).
Por José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com