El ex gobernador Graco Ramírez hace lo que todo acusado: negar los cargos que le son imputados, en este caso por el gobierno dentro del juicio político que está en curso. Un informe en este sentido no lo dio el ex mandatario, sino el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Samuel Sotelo Salgado. Pero nada que resulte extraño en todo debate entre acusado y acusador. Incluye el circo político en que suele degenerar cualquier controversia de tipo político. No como diputado del PES, sino dado su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez pone tácitamente al árbitro (el Poder Legislativo) como aliado de la parte acusadora (el Ejecutivo). Señaló: una reunión, ayer, de la Junta Política y de Gobierno fijaría el formato de los encuentros para evitar que (el juicio) se convierta en un “circo”. El show, precisa el columnista, gracias precisamente a las declaraciones y de otros protagonistas del espectáculo circense. ¿Qué cuánto llevará? Semanas, meses o más tiempo aún. ¿Y cómo culminará? No seguramente con pena de cárcel, incluso si la sentencia resulta condenatoria a Graco, y tampoco con la devolución de suma de dinero alguna, pues la acusación es por haberse quedado con 120 millones de pesos sino por no asignárselos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en el ejercicio 2018. Algo así que no simplifica el lenguaje rebuscado de los jurisconsultos. Dicho sea por mera asociación de ideas: nada ni remotamente parecido al juicio social de Andrés Manuel López Obrador versus los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Cinco sexenios neoliberales que costaron las vidas de cientos de miles de mexicanos en las guerras estúpidas contra el narcotráfico, de la pobreza, el desmantelamiento del estado que privatizó hasta los waters del Palacio Nacional y produjo una banda de corruptos que se volvieron archimillonarios con el sufrimiento del pueblo y, lo peor, quizá terminen técnicamente impunes aunque seguramente estigmatizados como culpables por la historia… POR cierto, nadie o casi nadie recuerdan la fecha de la consumación de la lucha de Independencia. Se supone que por registrarse en el mes de las Fiestas Patrias debería celebrarse cuando menos con una ceremonia cívica, pero no es así. Tal “no celebración” sólo ocupa una fecha en las efemérides de la Historia Patria, mencionada de pasada en los libros de historia escolares. Quizá la explicación se encuentre en las “historias no oficiales” de la gesta de Independencia. El domingo 27 será el 199 aniversario de la conclusión “oficial” de las hostilidades entre las tropas realistas (de la realeza española) y el ejército de los liberales. Desde febrero de 1821 los caudillos de sendos bandos, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a solicitud del primero decidieron aliarse, lo cual concretaron un 21 de febrero. El 24, Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala y el nacimiento del Ejército y la Bandera de las Tres Garantías. Aquí terminó la guerra entre independentistas y monárquicos, pero siguió una serie de “grillas”, broncas, rencillas y pleitos que en muchos casos costaron la vida a los protagonistas de la llamada consumación. Lo que ahora conocemos como Guerra de Independencia en realidad fue la rebelión de los criollos, es decir, de los hijos de españoles nacidos en México, con apoyo de los mestizos, porque las dos clases no podían subir en la escala social. Los altos cargos en el clero, la burocracia y el ejército estaban reservados a los españoles “de la Madre Patria”, así que después de 300 años aquéllos se hartaron de tamaña discriminación… (Me leen después).
Por José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com