No será repartiéndose culpas o responsabilizándose unos a otros, como los gobiernos locales y federales resolverán la inseguridad pública, y por días logren aclarar con prontitud los homicidios de Rogelio Vallejo, hermano de la diputada de Morena, Macrina Vallejo, así como de los trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Noemí Guadalupe Arias Sosa, Luis Enrique García Díaz y Luis Javier García Díaz.
Según lo publicado en medios, la última vez que se supo de Rogelio fue la tarde del domingo pasado, cuando salió de su domicilio ubicado en Temixco sin que su familia supiera nada de él hasta el hallazgo del cadáver, la mañana del lunes en Alpuyeca municipio de Xochitepec. Esa misma mañana, familiares y amigos de los trabajadores del INSP bloquearon la glorieta de la Paloma de la Paz, para exigir la búsqueda de los tres jóvenes. El bloqueo desquició el tráfico vehicular de Cuernavaca durante cuatro horas. Más más tarde, se informó que habían sido hallados tres cuerpos en la comunidad de Fierro del Toro, en el municipio de Huitzilac, cuyas características eran coincidentes.
Huitzilac, probablemente el municipio más inseguro de Morelos, donde gobiernos del estado y la federación van y vienen todo sigue igual. La tala ilegal del bosque se inserta en la atmósfera de inseguridad que es histórica en el municipio localizado en el norte de Cuernavaca.
El tramo Zempoala de la carretera federal CuernavacaToluca ha cobrado cientos de vidas, asesinadas la mayoría y accidentadas las menos. Las bandas de salteadores de caminos que operan en esos lares vienen de generaciones atrás. Impunes los más y apresados de vez en cuando los menos, roban, matan, vejan, asustan. En la carretera bordeada por el bosque espeso transitan vehículos de carga, de pasajeros y automotores particulares. Evitan la ida a la Ciudad de México y, aunque cada vez menos, usan el atajo para ahorrar tiempo pero ponen en riesgo sus vidas.
Listos los depredadores para caer sobre sus presas, se agazapan en medio de la oscuridad y la soledad de la selva de pinos, se desplazan armados, ponen piedras o troncos en la carretera, emboscan a hombres y mujeres, les roban cuanto de valor llevan y muy seguido matan. La gente de Huitzilac los conoce, pero por seguridad no los delata. Cuando la policía, la Guardia Nacional o el Ejército llegan al escenario del atraco es demasiado tarde. Los malhechores han desaparecido y, si vivas salieron, las víctimas pasan por el calvario de la declaración ministerial, el reporte de los celulares robados, la frustración de que no recuperarán los objetos y el dinero perdidos más el coraje de que los asaltantes no serán encarcelados.
En marzo de 2021, según una declaración del fiscal Uriel Carmona Gándara, fue un operativo contra la tala ilegal de los bosques del área de Fierro del Toro lo que desató la violencia en Huitzilac, cuando un grupo de lugareños prendió fuego al Palacio Municipal. Comuneros que atestiguaron los hechos aseguraron que la protesta se debió a la detención “irregular” de un grupo de vecinos y a la muerte de uno de ellos en un enfrentamiento con agentes de la Guardia Nacional. Y como siempre, ninguna autoridad, estatal o federal, destacó el fondo del problema: desempleo, desigualdad, corrupción…
En Huitzilac la violencia tiene dos motivos: pobreza y desigualdad, y una explicación: la incapacidad del gobierno… (Me leen mañana).
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