Que, buscando la madrugada del viernes a la ex diputada perredista Beatriz Vicera Alatriste catearon dos domicilios, fue noticia el fin de semana. Publicada el sábado, la información no menciona que la policía debió apoyar las diligencias de búsqueda, pero eso resulta obvio. E imaginables las imágenes de las revisiones de policías que se meten hasta la cocina, hurgan en clósets y cajones, escudriñan intimidades, revuelven todo. La nota refiere las ubicaciones de las casas cateadas, una en la colonia Gualupita y otra en Lomas de Cortés. Pero no sólo advierte que la imputada del delito de peculado fue amparada en el juzgado séptimo de distrito a solicitud de su abogado –del cual da el nombre: Jesús García Aguilar–, también indica que ella se encuentra hospitalizada “por una afección en los pulmones”, no en otra ciudad mexicana sino “en Cuernavaca”, de modo que, si buscada fue, probablemente la localizaron. Considerada Vicera como evadida de la acción de la justicia luego de que no se apersonó ante el juez de control para la audiencia de formulación de cargos, le fue dictada orden de aprehensión, no así a su coacusada, la asimismo ex presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Hortencia “N”, quien sí se presentó en la diligencia a la hora de la hora pospuesta. De la manera que sea, la situación jurídica de la señora Vicera la subraya como una persona sustraída de la justicia, no evadida de acuerdo al dicho de su abogado defensor, pero coloquialmente prófuga. Lo que pocas veces ha sucedido en el caso de ex diputados, como el ex legislador petista Alfonso Miranda Gallegos, quien, acusado de secuestro y siendo alcalde electo de Amacuzac, cayó y continúa preso en Durango. Y otros ex presidentes municipales: el panista Jesús González Otero, de Cuautla, que estuvo recluido por peculado. Mismo ilícito del que fue imputado y luego exonerado, el también ex edil cuautlense Luis Felipe Güemes, y apenas hace dos semanas, Manuel Agüero Tovar, ex alcalde de Jiutepec. Nada, entonces, que honre a la clase política de Morelos, y menos cuando tratándose de políticos con reputación de transas no hay estado o municipio mexicanos con autoridad moral para tirar la primera piedra. El anuncio oficial de que la Fiscalía Anticorrupción tramita ficha roja y emitió alerta migratoria ante la posible intención de abandonar el país de la ex diputada Vicera le pone sabor al caldo, equivale al típico no se pele, no huya, no emprenda las de Villadiego… Y en medio del escándalo, el recordatorio de trabajadores del Congreso Estatal, extrañados porque la causa judicial no alcanza al también ex presidente de la Mesa Directiva, Francisco Moreno Merino, a quien el presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, José Casas González, señalaba como coautor del peculado. Publicada el 1 de noviembre de 2018, aquí la parte medular de esta nota del “Sol de Cuernavaca”: Ayer diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia penal por los delitos de ejercicio indebido de las funciones, peculado y desviación de recursos en contra de los ex presidentes de la Mesa Directiva, la Junta Política y de Gobierno (JPyG), y de la Comisión de Vigilancia en la LIII Legislatura ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, José Casas González, esta acción fue consecuencia de los depósitos que los ex diputados debieron realizar al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, al desviar más de 20 millones de pesos. La denuncia es específicamente hacia las perredistas Hortencia Figueroa Peralta, y Beatriz Vícera Alatriste, el priista Francisco Moreno Merino, como ex presidentes del Congreso y los perredistas Silvia Irra Marín, así como Julio Espín Navarrete, quienes fueron presidentes del Comité de Vigilancia, a quien señaló de haber permitido la malversación de los fondos del Poder Legislativo. Precisó que la denuncia nació de una investigación que llevó a cabo al interior de la Comisión, presentando documentos probatorios y que en un ejercicio democrático dieron acceso a colegios, asociaciones y barra de abogados, para que también arroparan esta denuncia y que sea una denuncia que viene con el consenso de abogados del estado de Morelos y de los 20 diputados de la LIV Legislatura”… Eso ocurría ocho meses atrás. Después, atacados súbitamente por la amnesia política, los diputados de la cuarta transformación se olvidaron de “Paco”.. (Me leen mañana).
José Manuel Pérez Durán
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