Reducir de nueve a cuatro años el período en el cargo de fiscal general del estado de Morelos propuso la semana anterior el diputado del partido Morena, Arturo
Pérez Flores. O lo que es lo mismo: acabar con la dictadura. Sustentó ante el pleno del Congreso Estatal: “La figura del fiscal dentro de nuestro sistema de justicia ha sido muy controversial. Es de dominio público lo que ocurre en materia de investigación y eficiencia en la persecución de delitos, que son altos los índices de impunidad”. Pero más allá del ámbito político, abogados litigantes llevan años señalando que, dada la duración prolongada del puesto de fiscal, lo convierte en un cargo prácticamente vitalicio y por consecuencia plagado de intereses contrarios a la procuración de justicia. En una posición que coincide con expresiones de litigantes y de otros círculos profesionales y sociales, Pérez Flores advirtió que una duración excesiva en el cargo de fiscal general puede comprometer la autonomía de la institución y dar lugar a prácticas que atenten contra la imparcialidad y la integridad institucional.
El tema tiene una parte histórica que data de 1998, aplicado entonces por primera vez el método de la terna para la designación del procurador de justicia a causa de la descomposición de la entonces Procuraduría General de Justicia. Ese año cayó de la gubernatura Jorge Carrillo Olea, y fueron cesados el procurador de justicia, Carlos Peredo Merlo, y el director de la Policía Judicial, Jesús Miyazawa Álvarez. Asumido en circunstancias de complejidad política el cargo de gobernador sustituto por el también priista Jorge Morales Barud, fue como nació el método de la terna y que el desaparecido José Castillo Pombo fuera el primer procurador de justicia electo por el Legislativo. Los aspirantes simularon se olvidar que el gobernador seguía siendo el que en realidad mandaba, durante semanas “cabildearon” con los diputados y éstos “les dieron el avión” jurándoles que estaban ante una contienda efectivamente democrática. Atrás habían quedado décadas de procuradores nombrados directamente por el titular del Ejecutivo, como Francisco Javier Arenas, Teodoro Lavín González, Juan Salazar Fitz, David Jiménez González, Armando Sánchez Rosales, Alejandro Galván Sánchez, Felipe Güemes, Gustavo Malo Camacho, Jorge Arturo García Rubí y Tomás Flores Allende. Más tarde llegaron los primeros procuradores por el camino de las ternas, como el ya citado Castillo Pombo, Arturo Estrada Carrillo, José Luis Urióstegui Salgado, Guillermo Tenorio Ávila, Hugo Bello Ocampo, Pedro Luis Benítez Vélez y la única mujer, Claudia Aponte Maysé…
Más acá, en junio de 2011 fue rechazada por la mayoría del pleno del Congreso la propuesta de una reforma constitucional que regresaría al Ejecutivo la facultad de nombrar directamente al procurador de justicia. El argumento para la enmienda que no prosperó era hacer responsable al Gobernador de la designación del fiscal y deslindar al Legislativo. Pero para efectos prácticos el responsable siguió siendo el jefe del Ejecutivo, “palomeado” por éste el nombre del procurador en la terna enviada por el propio gobernador al recinto del Legislativo que estaba ubicado en la avenida Matamoros. Vía el Congreso, en 2018 el entonces gobernador Graco Ramírez puso en el puesto de fiscal general de Morelos a Uriel Carmona Gándara… (Me leen mañana).
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