La detención, el viernes pasado, del fiscal general de Morelos viralizó las redes sociales, inundó los periódicos, la televisión y la radio de México y llegó al extranjero con tintes de un escandalito político. Entrevistada la exjefa de gobierno de la CDMX y aspirante presidencial,
aterciopeló su opinión: “No es un asunto político, es un asunto de justicia”.
Carmona está acusado de obstaculizar la investigación del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue encontrado en suelo morelense en noviembre de 2022. Asegurado en su casa de la colonia Amatitlán, que desde temprana hora fue sitiada por elementos de la Marina Armada, la Policía de Investigación Criminal de la capital y Policía Morelos, por la tarde fue trasladado en un helicóptero a la CDMX y de inmediato internado en el Reclusorio Sur.
El caso de Uriel Carmona revivirá la polémica sobre si el fiscal general de justicia de Morelos deberá continuar siendo nombrado con intervención del Congreso del Estado o de manera directa por el Gobernador. A propósito de esto, el columnista escribió en septiembre de 2015:
Ello representaría el regreso de la facultad constitucional al Gobernador, para que éste sea quien nombre directamente al fiscal general, antes llamado procurador general de justicia, y el jefe del Ejecutivo vuelva a ser el responsable de los aciertos o desatinos del titular de la Fiscalía. Como lo fue hasta mayo de 1994, forzadamente creada cuatro años más tarde la figura de la terna debido a la descomposición de la entonces Procuraduría General de Justicia, caído de la gubernatura Jorge Carrillo Olea y cesados el procurados Carlos Peredo Merlo y el director de la Policía Judicial, Jesús Miyazawa Álvarez, luego de que el jefe del “grupo antisecuestros” de la corporación, Armando Martínez Salgado, fuera detenido por agentes federales en la carretera Cuernavaca-Iguala
cuando se disponía a tirar en Guerrero el cadáver de un delincuente. Asumido en circunstancias de complejidad política el cargo de gobernador sustituto por Jorge Morales Barud, fue aplicado el método de la terna y el desaparecido José Castillo Pombo fue el procurador de justicia “elegido” por el Congreso Estatal. Sin embargo, los aspirantes se olvidaron de que “haiga sido como haiga sido” el Gobernador era el que mandaba, durante semanas cabildearon con los diputados y éstos simularon “darles el avión” diciéndoles que el juego era derecho. Habían quedado atrás los tiempos de los procuradores nombrados por acuerdo del titular del Ejecutivo, como Francisco Javier Arenas, Teodoro Lavín González, Juan Salazar Fitz, David Jiménez González, Armando Sánchez Rosales, Alejandro Galván Sánchez, Felipe Güemes, Gustavo
Malo Camacho, Jorge Arturo García Rubí o Tomás Flores Allende. Y más tarde llegados procuradores por medio de las ternas: como Arturo Estrada Carrillo, José Luis Urióstegui Salgado, Guillermo Tenorio Ávila, Hugo Bello Ocampo, Pedro Luis Benítez Vélez o la única mujer, Claudia Aponte Maysé. Pero aquellos fueron tiempos y circunstancias diferentes ignorados por las nuevas generaciones y los actuales aspirantes a cargo tan delicado, como es el de fiscal general de justicia. Que hoy podrá ser el hombre o la mujer que acuerden el Gobernador y su grupo, es algo que deberá ser consensuado con el Congreso partiendo, entre otras cosas, de que la Fiscalía no puede funcionar eficazmente mientras lo sigan caracterizando un presupuesto raquítico y personal de mala reputación… (Me leen mañana).
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