El caso del tamalero herido de un balazo en la cabeza es sólo uno de tantos que ilustra la atmósfera de la inseguridad pública. El vendedor de tamales fue abordado por los tripulantes de un automóvil azul en la carretera Tehuixtla-Puente de Ixtla, cerca del vivero El Morro. Si le pidieron o no tamales vendidos o regalados a la fuerza, fue lo de menos. El caso es que le metieron un balazo, pero por fortuna no lo mataron y, herido solamente, de milagro salió vivo. Las preguntas resultan de cajón: ¿intento de asalto o ejecución por negarse a pagar “derecho de piso”? Sucedió anteayer, coincidente con la nota una declaración del presidente de la delegación Morelos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Víctor Manuel Mendoza Moreno. No dijo nada que resulte nuevo: que en Morelos los empresarios pagan un “nuevo” impuesto, el “derecho de piso”. Cosa que tampoco es una novedad, pero sí de tomarse en cuenta el cálculo de que cerca del 50 por ciento de los afiliados a esta organización son víctimas del delito de extorsión que, asienta Mendoza, “se empezó a complicar durante el primer semestre del año”.
Junto con la Coparmex se han pronunciado los representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo (Canaco-Servytur) y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac). Asumiéndose dispuestos a contribuir con las autoridades para reforzar la seguridad e informarles sobre los delitos que más aquejan al gremio, blofean. Lamentan que los derechos de los ciudadanos sean vulnerados por los asesinatos, extorsión, amenazas, secuestros, violaciones, robos, asaltos, corrupción y feminicidios. Insisten en los reclamos sociales que no por repetitivos dejan de ser lamentables, gravísimos, como que muchos casos acaban cobrando vidas, lo que es un daño irreparable. O que en crímenes que no conllevan la pérdida de la vida las víctimas sufren lesiones que limitan sus actividades y algunas quedan condicionados a una vida con discapacidad. O que estos y otros ataques a la seguridad pública causan cierres de negocios, pérdidas económicas y de empleos. Hacen una petición que no por justa les será atendida por cuestiones de “secresía”: que las autoridades transparenten y entreguen cuentas sobre el tema de seguridad, que les presenten a los empresarios las estrategias de seguridad en las que se encuentran trabajando y las acciones que pretenden ejecutar a mediano y largo plazo para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Un informe, pues.
Resumen: “ya no estamos dispuestos a seguir observando cómo se destruye nuestra seguridad. Exigimos una audiencia de los tres poderes del estado para definir su actuación urgente respecto a la seguridad, con acciones claras y directas”. Todo ello en un documento firmado por las cámaras empresariales que aseguran fue enviado el lunes antepasado a “los tres poderes del gobierno”. “Conceden” un plazo máximo de cinco días para que les den una respuesta, y si no les responden amenazan con tomar “otro tipo de acciones”. ¿Qué clase de acciones? ¿Llamar a una huelga general de pago de impuestos? ¿Manifestarse en las puertas del Palacio Nacional aprovechando alguna “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador? No se atreven, se los impide el confort de su actitud conservadora... (Me leen mañana).
Por : José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com
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