Alfonso Miranda Gallegos fue alcalde, diputado, candidato y tío de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, líder de Los Rojos. Enfrentó una sentencia de 20 años, condenado a sus casi 70 años a 82 de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y delitos contra la salud… Miranda fue arrestado el 6 de mayo de 2018 durante su campaña como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) a la alcaldía de Amacuzac. A pesar de estar detenido en un penal federal, ganó las elecciones y fue declarado alcalde electo. Durante su reclusión, gobernó desde la cárcel, dio el “grito” de Independencia vía telefónica, inauguró obras a control remoto y controló decisiones del municipio con ayuda de intermediarios. Lo que encendió las alarmas no fue sólo su papel político, sino su parentesco con “El Carrete”, líder del grupo criminal Los Rojos, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La FGR documentó que Miranda fungía como enlace político de la organización criminal y que, desde sus cargos públicos, facilitó operaciones de secuestro, trasiego de droga y protección institucional. Fue detenido junto con Sergio “N”, alias “El Telúrico”, operador del cártel, en el Estado de México. Ambos enfrentaron procesos bajo el antiguo sistema de justicia penal por delitos cometidos antes de su reforma. De los cargos públicos al juicio penal. Presidente municipal de Amacuzac y diputado local, su trayectoria política estuvo plagada de controversias. En 2012, su sucesor denunció que mandó derribar el palacio municipal al concluir su primer mandato. En 2018, ya preso, fue respaldado por simpatizantes que lo consideraban inocente, acusando una persecución política. A su favor se realizaron protestas en Cuernavaca frente al Tribunal Superior de Justicia, al igual que en Amacuzac. Un juicio largo y una sentencia ejemplar. Durante años, su defensa sostuvo que no existían pruebas directas, como llamadas o fotografías, que lo vincularan al grupo criminal. Sin embargo, los testimonios pre sentados por la Fiscalía General de la República y la gravedad de los delitos lo llevaron a su condena. En mayo de 2024 se dijo: no es el primer caso de un expresidente municipal en ser puesto en prisión. Alfonso Miranda personificó la historia, por demás peculiar, de un alcalde que tras ganar la elección cayó preso en el penal federal de Durango, desde donde se comunicaba por un teléfono conectado al altavoz del zocalito de su pueblo. En una ocasión les dijo a sus seguidores: “Desde esta prisión federal, le mando un saludo al pueblo mexicano”. Telefoneó desde 1,126 kilómetros de distancia, detrás de los muros del Centro Federal de Reinserción Social número 14, en medio del desierto. Estaba acusado de operar para un cártel del narcotráfico en Morelos, ganó la elección, pero no la libertad... Más no era el único. En marzo de 2017, Jesús González Otero, alcalde de Cuautla en el periodo 2012-2015, fue vinculado a proceso por el delito de peculado y desvío de 77 millones de pesos. Estuvo tras las rejas un año y medio, hasta septiembre de 2018 cuando siguió su proceso bajo arraigo domiciliario. Miguel Ángel Colín Nava, un médico que fue alcalde de Temixco en 2012-2015, fue detenido en abril de 2017 en el hospital José G. Parres de Cuernavaca por la Fiscalía Anticorrupción que lo acusó de haberse embolsado 50 millones de pesos. Recuperó la libertad en cuestión de horas, consideradas insuficientes por un juez las pruebas presentadas por la Fiscalía. A Rogelio Sánchez Gatica, de Cuernavaca, lo condenaron a dos años de cárcel y a reparar daños por más de 37 millones de pesos. En noviembre del 2011 había sustituido en la alcaldía a Manuel Martínez Garrigós… (Me leen mañana).
Atril: El alcalde que gobernó desde la cárcel
