A la Secretaría de la Contraloría se le decía “de la alcahuetería”. El remoquete que se volvió anécdota no pudo ser más atinado. Años después, el calificativo fue justificado por la excepción de la regla, sentenciado como fue ex auditor superior Gerardo Casamata Gómeza tres años de prisión, al pago de una multa de mil 558 pesos y la reparación del daño por nueve millones 400 mil pesos al municipio de Puente de Ixtla. Casamata habría hecho la vista gorda para que el alcalde de Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete, no devolviera dicha cantidad, pues no repuso un expediente que “se extravió” en el 2009. Desde entones y antes, al órgano auditor habría que cambiarle hasta el modo de andar. Realmente nunca ha sido autónomo ni independiente del Poder Ejecutivo, como supuestamente fue creado. Tal es el fondo del pronunciamiento del diputado Agustín Alonso Gutiérrez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 11 de este mes. Señaló que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) debería operar con transparencia verdadera, contar con personal capacitado y mayor presupuesto, pero se convirtió en un “elefante blanco”. Señaló: no existe un elemento para saber con precisión en qué se han gastado (los de la ESAF) el dinero, ya que su último informe de resultados data de 2017 y “no han hecho absolutamente nada” con un presupuesto de 33 millones de pesos. Alonso, el diputado por el partido Nueva Alianza que debería ser de Morena, subrayó un rezago de más de 200 auditorías sin concluir relacionadas con ex funcionarios públicos, entre ellos varios ex alcaldes. Propuesto el cambio de nombre de Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Morelos (ASFEM) en lugar de Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), el fondo de la mudanza política es sacar al auditor que obedece al Ejecutivo y meter a otro que designe el Legislativo. Para eso serán necesarios los votos de las dos terceras partes de los integrantes de la actual Legislatura. Y la clave, que los diputados no se dejen “maicear”… El tema tiene que ver con el Atril del 10 de febrero de 2020. Escribí: Si la jugada fue de “venciditas”, ganaron los presidentes municipales, de manera destacada, Rafael Reyes, Agustín Alonso y Juan Ángel Flores, respectivamente, de Jiutepec, Yautepec y Jojutla, y perdieron los diputados presuntamente “maiceados”: Marcos Zapotitla Becerro, Rosalina Mazari Espín y tal y tal. Aquéllos deben sentirse satisfechos, y a éstos, darles vergüenza, si es que la conocen. Dirá el pueblo-pueblo: su “ojetez” les será recordada en 2021, cuando intentarán ser alcaldes. Después de media semana de jaloneos, de una reunión “en la cumbre” y la puesta en evidencia de quien, mal asesorado, en vano se asumió “incógnito”, los alcaldes anunciaron que esta semana volverán a presentar sus leyes de ingresos 2020. Documentos que ya habían sido rechazados, no por el pleno del Legislativo sino mediante la imposición de presidentes de comisiones específicas, de modo que si en seguida los presidentes municipales anunciaron su acuerdo de volver a presentar los proyectos recaudatorios, ello implica tanto la exhibición de los legisladores “maiceados” como del “incógnito”… (Me leen después).

Por: José Manuel Pérez Durán jmperezduran@hotmail.com 


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