Como si hubiese contendido por un cargo de elección popular y la veda política lo hubiese guardado, al fin reapareció el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros. Oculto de la vida pública las últimas semanas, una vez pasadas las elecciones del domingo antepasado salió a la vida pública, pero no fumando la pipa de la paz sino aporreando el tambor de guerra, y no contra la delincuencia sino versus los alcaldes electos. Culpa a las y los futuros ediles que decidan salirse del Mando Coordinado de que los policías municipales perderán los beneficios que actualmente gozan, como la remuneración mensual de 10 mil pesos y apoyos a las familias de los policías caídos en el cumplimiento de su deber. Evasivo, el marinero Ortiz usa el eufemismo de “remuneración” en vez del sinónimo “obligación”; resalta que a los futuros ediles les mostrará el estatus de los municipios, lo que van a recibir, cuántos policías tienen y cuántos más necesitan así como el armamento disponible. Subraya la “instrucción superior” de que todo aquel alcalde electo que no quiera pertenecer al Mando Coordinado deberá atenerse a la consecuencia que les marca la Constitución, de que los responsables de la seguridad en los municipios son los presidentes municipales. Lo cual es correcto, como cierto es también que el Mando Coordinado deriva al Ejecutivo estatal el deber constitucional de cuidar la seguridad de los morelenses. Escoja el lector el calificativo: altanero, realista, oportuno, el almirante Ortiz les recuerda que es el Gobierno de Morelos quien ostenta la licencia colectiva para la portación de armas de fuego con la que operan las policías municipales. Pero el jefe de la CES omite varios datos: los presidentes municipales que salgan del Mando Coordinado podrán tramitar y obtener la dicha licencia colectiva; recibir por donación el armamento actualmente en manos de la CES, o adquirir armas nuevas con recursos propios y/o créditos autorizados por los cabildos; tres: hacerse con los recursos federales del Mando Coordinado, y lo más importante: bajar los niveles de inseguridad que llevan meses en todo lo alto, tristemente destacada Cuernavaca en el tercer lugar nacional de las ciudades con mayor proporción de población que siente inseguridad, sólo atrás de Fresnillo y Ecatepec de Morelos según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de marzo pasado. Sólo dos meses antes publiqué: “La gente de Yautepec teme que el empresario Román Martínez García y su empleado Fernando Ogazón Ariza hayan sido asesinados por policías estatales del llamado mando coordinado. ¿En que basan su sospecha? El alcalde Agustín Alonso Gutiérrez habla fuerte y claro, lo escuchan los periodistas que han acudido a cubrir la rueda de prensa y los lugareños que se han dado cita en la explanada de Yautepec. Dice: ‘Esa desaparición forzada no es más que el secuestro llevado a cabo por los encargados de brindar la seguridad, es un acto aberrante y humillante que hiere las fibras más sensibles de la población. Es un acto vil que destruye no sólo al secuestrado o desaparecido sino a toda la familia por completo. Es un atentado a la base misma de la sociedad’. Por esos días, testigos aseguraron que dos semanas atrás Román y Fernando fueron detenidos por elementos del mando coordinado de la Policía Estatal que dirige el comisionado de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros. La primera reacción de éste fue dudar que policías bajo su mando estuvieran involucrados en la desaparición de los dos civiles, declaró que ello no le constaba. Sobre la rueda de prensa con la que reaccionaron Ortiz y el secretario Pablo Ojeda Cárdenas las gacetillas coincidieron en que ambos funcionarios “condenaron los hechos ocurridos en el municipio de Yautepec”. Hoy, los alcaldes electos pueden hacer una “travesura útil” nombrando su representante a Alonso Gutiérrez… (Me leen después).
Por José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com
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