CUERNAVACA, MORELOS.- La administración pública de Morelos continúa en riesgo de quiebra debido al crecimiento en el número de trabajadores jubilados y pensionados, así como a la imposibilidad del Poder Legislativo, hasta ahora, de reformar la Ley del Servicio Civil para dar viabilidad al sistema de pensiones.

A final de 2017, dicho “fantasma” se manifestó en protestas que ex empleados del Poder Judicial llevaron a cabo por negativa de la presidencia para aceptar nuevas jubilaciones y atraso en pago de pensiones y aguinaldo.

El Poder Judicial promovió varias controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para rechazar las pensiones que el Poder Legislativo otorga a trabajadores del sistema judicial, pues argumentó que los diputados invaden la autonomía financiera.

Dicho problema fue advertido por el Gobernador Graco Ramírez, en octubre de 2016, cuando remitió al Congreso un estudio actuarial del sistema de pensiones y jubilaciones del Poder Ejecutivo.

Dicho análisis refiere que, en corto plazo, la pirámide de trabajadores activos y jubilados se invertirá y pondrá en riesgo la viabilidad financiera de la administración pública.

En 2016, el Poder Ejecutivo destinaba para jubilados 39 por ciento del gasto en salario; para 2018, se estima que aumente a 55 por ciento.

El Gobernador pidió a los diputados reformar lo necesario para evitar la quiebra financiera del Gobierno.

En 2016, el proyecto de reformar la Ley del Servicio Civil, el cual planteaba que cada dependencia debía dar seguridad social a sus trabajadores mediante IMSS o ISSSTE, y garantizaba la conservación de derechos creados a empleados con antigüedad, fue votado en contra en la Comisión del Trabajo debido a la presión que ejercieron sindicatos de burócratas y asociaciones de jubilados.

Durante 2017 el diputado por Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, y el ahora legislador con licencia definitiva, Francisco Santillán Arredondo, intentaron retomar la iniciativa, pero no hubo avance.

El proyecto para reformar la ley se estancó, pero continúa en el ambiente y debido a ello el número de burócratas que ha iniciado el trámite para pensionarse aumentó desde junio de 2015, cuando escucharon que el Ejecutivo presentaría iniciativa al Congreso para limitar privilegios que la ley les da para pensionarse.

La Ley del Servicio Civil permite a los burócratas solicitar pensión proporcional al salario, con antigüedad de 10 años en el trabajo o por cesantía en edad avanzada, con 55.

Los trabajadores pueden seguir cotizando ante el IMSS o ISSSTE y pensionarse después, cuando cumplan los requisitos de ambas instituciones, por lo cual gozan por partida doble el privilegio de jubilarse.

La presión que el sistema de pensiones impone a las finanzas públicas no es privativo de Morelos; en abril de 2016, organizaciones internacionales recomendaron al Gobierno de México llevar a cabo una reforma integral al sistema de pensiones.

Por: ANTONIETA SÁNCHEZ
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