El Gobernador Samuel Sotelo Salgado, acompañado por el Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), inauguró el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil “10”. Este nuevo centro representa un avance en la reducción de la sobrepoblación en los centros penitenciarios del estado.
Durante la ceremonia, el Gobernador enfatizó que el sistema penitenciario en Morelos ha priorizado el trato humano, convirtiéndose en un referente nacional en diversas áreas. Estuvieron presentes importantes autoridades, incluyendo a Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, José Luis Bucio Quiroz, comandante de la 24/a. Zona Militar; Gaudencio Ramos Jiménez, titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Morelos; la diputada federal Sandra Anaya Villegas, y Jorge Israel Ponce de León Bórquez, coordinador del Sistema Penitenciario del estado.
Sotelo Salgado recordó que, desde el inicio de la administración, se ha trabajado para garantizar un sistema penitenciario que respete los derechos humanos.
Se han implementado estrategias de inteligencia penitenciaria para retomar la estabilidad y seguridad en las instalaciones.
“Con la apertura de este Centro Estatal de Reinserción Social Varonil ‘10’, logramos enfrentar el reto de reducir los índices de sobrepoblación en los centros penitenciarios de Morelos”, afirmó, agradeciendo al Gobierno federal por su apoyo en la realización de esta obra.
El Gobernador destacó que el nuevo centro ofrecerá estancias dignas y contará con un nivel de seguridad media-alta, permitiendo albergar a personas que requieren medidas especiales de resguardo, asegurando así el orden y la gobernabilidad.
Por su parte, Ortiz Guarneros señaló que el costo inicial de construcción del centro fue de mil 500 millones de pesos, y gracias a gestiones con el Gobierno de México, se invirtieron aproximadamente 200 millones de pesos adicionales para mejorar las condiciones y albergar a 804 personas privadas de la libertad, ya sean sentenciadas o que requieran medidas especiales.