Por tercera ocasión, 14 de 20 diputados del Congreso votaron a favor de las pensiones anticipadas para magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
El decreto tiene como objetivo tener más espacios en ambos plenos para ajustar la distribución de allegados en los espacios que sean liberados por los magistrados actuales.
Hacia el cierre de la sesión de ayer, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Sánchez Ortega, solicitó que el dictamen de las observaciones que el Ejecutivo hizo al decreto 1,103, por el que se establece la pensión por retiro voluntario para magistradas y magistradas de dichos tribunales, fueran ingresado al orden del día y votado.
Argumentó que dichas observaciones fueron rechazadas en virtud de que ya habían atendido las primeras observaciones hechas al decreto, aprobado a finales del julio pasado, también por la mayoría de los diputados que componen el G-15, opositor al gobierno estatal.
El decreto establece un esquema mediante el cual, por una única ocasión, los magistrados actuales con antigüedad en el cargo superior a ocho años, pueden solicitar su retiro anticipado a cambio de la pensión vitalicia, en lugar del haber de retiro, que, igualmente ya fue “regulado” y transformado en pensión.
Al emitir su voto, el diputado de Morena Arturo Pérez, dijo que votaba en contra de más “pensiones doradas”; las diputadas Érika Hernández, Edi Margarita Soriano y Ariadna Barrera también votaron en contra, mientras que el resto de los legisladores votó a favor.
No celebraron su voto como en otras ocasiones, pero se sabe que este plan les serviría para nuevas convocatorias al cargo de magistrado en ambos tribunales.