Morelos vive un momento crítico para su movilidad. Usuarios cansados, unidades saturadas y un entramado de intereses que frenan la modernización conviven con propuestas ambiciosas —como el cablebús— y con la amenaza permanente de paros y bloqueos por parte de los transportistas. Si no se actúa con rapidez y transparencia, la crisis económica reciente —incluido el cierre de plantas industriales— podría agravar la situación social y el acceso al empleo.
La radiografía es clara, muestra rutas saturadas, unidades en mal estado, choferes sobrecargados y un servicio que no garantiza seguridad ni puntualidad para miles de personas que se mueven a diario entre municipios y la zona metropolitana de Cuernavaca. Esa percepción no es sólo anécdota, reportajes locales resaltan las quejas recurrentes sobre la calidad del servicio.
“Voy cada día a trabajar y el colectivo llega lleno; a veces me quedo esperando media hora”, dice Ana, empleada del centro de Cuernavaca. “Necesitamos unidades nuevas y que respeten las rutas; el viaje es un riesgo cuando las unidades están viejas”, agrega Jorge, taxista de Jiutepec. Estas voces —recogidas en la calle— reflejan frustraciones similares entre usuarios y trabajadores del transporte.
En la agenda pública han surgido varias soluciones, como armonizar la ley de movilidad para regular mejor concesiones y plataformas digitales; impulsar proyectos de transporte de alta tecnología como el cablebús en ejes clave; modernizar el parque vehicular con incentivos y programas de renovación; y fortalecer la supervisión para eliminar corrupción y redes de gestores que entorpecen trámites. La coordinación entre gobierno estatal, municipios y concesionarios aparece como condición necesaria para cualquier reforma.
El proyecto del cablebús —promovido por la Coordinación de Movilidad como parte de la armonización legal— ha generado debate, para algunos expertos y autoridades puede ser una solución innovadora en zonas con topografía complicada y congestión, para otros un negocio más de la autoridad, pero su viabilidad dependerá de una planificación que integre estaciones, terminales y tarifas que conecten con el transporte convencional. Resistencia y riesgos es el clamor de los transportistas.
No todas las partes aceptan la hoja de ruta. Líderes del transporte colectivo han hecho advertencias con paros y bloqueos cuando sienten que sus demandas no son atendidas —una lógica que ha paralizado servicios en el pasado— y hoy exigen regulaciones claras y apoyos para la renovación de unidades. La tensión entre la urgencia ciudadana por un mejor servicio y los intereses económicos de concesionarios es uno de los nudos a desatar.
La Coordinación de Movilidad y Transporte enfrenta señalamientos de actos ilícitos y redes de gestores que complican trámites esenciales —desde permisos hasta renovación de concesiones—. Sin limpiar estos procesos, cualquier reforma se arriesga a quedar en el papel o a implementarse de manera desigual. La transparencia y mecanismos de rendición de cuentas deben ser pilares de la transformación.
El cierre de la planta de Nissan en Jiutepec coloca una presión extra ya que la pérdida de empleos directos e indirectos reduce la capacidad de pago y la demanda —y aumenta la necesidad de un transporte público eficiente que conecte a la población con oportunidades laborales en la región—. La transformación del transporte no es sólo una mejora de servicios, es una inversión en la resiliencia económica del estado.
Diagnóstico rápido y público, se precisan mapa de rutas, ocupación y unidades en operación; programa de renovación vehicular con apoyos escalonados; incentivos fiscales, microcréditos y entregas de unidades sustitutas para evitar quiebres del servicio; pilotos de cablebús y corredores BRT (autobuses de tránsito rápido) en tramos con alta demanda; regulación clara y digitalización de trámites para eliminar gestores y corrupción; participación ciudadana y consejos de movilidad en cada municipio para validar rutas, horarios y tarifas. Estas acciones combinan lo técnico con lo político: sin legitimidad social y sin concesionarios comprometidos, las reformas quedan incompletas.
“Si mejoran el transporte, podré tomar más turnos y ganar más”, dice María, madre soltera que depende del transporte para dejar a sus hijos en la escuela.
“Invertir en unidades nuevas sería un alivio; muchos choferes quieren condiciones mejores”, confiesa un conductor que prefiere mantenerse anónimo.
Son recordatorios de que las decisiones sobre movilidad impactan vidas cotidianas.
Transformar el transporte en Morelos exige decisión política, claridad administrativa y diálogo real con usuarios y transportistas. Hay propuestas técnicas —cablebús, corredores rápidos, renovación de flota— y hay urgencias sociales y económicas que hacen impostergable la acción. Si se logra articular transparencia, financiamiento viable y participación ciudadana, Morelos puede pasar de un sistema fragmentado a uno más seguro, eficiente y equitativo. Si no, la combinación de mala movilidad y crisis económica sólo profundizará desigualdades, como a la fecha. ¿No cree usted?