A un mes de que empiecen las posadas, que no sabemos cómo se llevarán a cabo con esto del Covid, el pasado fin de semana, en su artículo semanal, mi querido amigo Javier Santiago, ex Presidente del Instituto Electoral de Ciudad de México y ex Consejero del INE, publicó un artículo en defensa de la Presidenta del Impepac.

Si alguien está en mis afectos es Javier, pero, con el respeto que me merece, no estoy de acuerdo con él, pues señala que no es posible que quieran destituir en medio del proceso electoral a la consejera presidente y la defiende así:

“La transición democrática electoral en México está inconclusa. Vivimos una democracia desigual. En la última reforma electoral, de 2014, se aprobó un modelo de sistema electoral, en los hechos, centralizado para la organización de las elecciones federales y locales, dejando a los institutos electorales de las entidades una autonomía constitucional, prácticamente, de papel (Cosa que es totalmente cierta y que nosotros en nuestros tiempos al menos hubiéramos realizado una lucha en el congreso). Las nuevas alternancias en el poder federal y a nivel local no han modificado ciertos comportamientos de las élites políticas. A lo cual hay que agregarle las visiones centralistas que continúan siendo dominantes en el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“En ese contexto paradójico se da la intención de la mayoría del Consejo General del INE de destituir a la Consejera Presidenta, Ana Isabel León Trueba, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac). La causa es la supuesta negligencia en la realización de una investigación, acordada por el Consejo General de ese instituto, en contra de Cuauhtémoc Blanco, por la supuesta firma de un contrato. En noviembre del mismo año la investigación fue concluida y publicada en estrados por el Secretario Ejecutivo, concluyendo que no existían elementos que demostraran la infracción. El resultado de la investigación le fue comunicado, formalmente, a la consejera presidenta en diciembre.

“Paralelamente, el INE realizaba una investigación, iniciada en agosto de 2016, de estos hechos desde la perspectiva de la fiscalización. Los consejeros del Impepac acordaron reunirse con el INE. A dicha reunión acudió la Consejera Presidenta y el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal con el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del INE; se acordó que debían hablar con el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTEF), con el fin de coordinar lo relativo a las investigaciones que ambas instituciones realizaban. En este último encuentro, realizado en febrero de 2017, se concluyó que el Impepac no resolvería el asunto hasta que la UTEF terminara la investigación. Así transcurrió el resto del año de 2017.

“A principios de marzo de 2018 cuatro consejeros y consejeras del Impepac solicitaron convocar a sesión extraordinaria urgente, un día antes del registro de candidatos a gobernador, a fin de tratar la resolución recaída en la investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco de 2016; por mayoría de esos mismos consejeros, se acordó iniciar un Procedimiento Ordinario Sancionador en contra del casi candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia.

“Después de este acuerdo los consejeros del Impepac fueron citados a la ciudad de México para sostener una reunión, a fines del mismo mes de marzo, con los consejeros del INE, que los pusieron en su lugar. Por lo que nos señala que los consejeros no son muy partidistas como presumen. Como lo habíamos señalado, el consejo está dividido y no hay un verdadero control de la presidenta.

“El acuerdo de iniciar el Procedimiento Ordinario Sancionador fue impugnado ante el Tribunal Electoral local, que resolvió su improcedencia, en abril de 2018. Pero dio vista al INE, porque consideró que la investigación había tardado demasiado. Los abogados del INE han llegado a la conclusión de que la responsable del retraso en la investigación y de su elevación al Consejo General del Impepac es la Consejera Presidenta.

“Los cuatro consejeros cooptados por el gobierno perredista, dada su versatilidad política, a partir de 2018 se convirtieron en alfiles de funcionarios del nuevo gobierno estatal. Derivado del nombramiento de dos nuevas consejeras y un consejero profesionales e independientes, la mayoría progubernamental pasó a ser minoría. Con lo cual se avanza en la organización del proceso electoral del año próximo.

“Hay cuatro consejeras y consejeros del INE recién nombrados y siete que permanecieron. Jorge Luis Borges decía que “La duda es uno de los nombres de la inteligencia”. La aplicación del derecho no es un ejercicio mecánico de la lógica formal; bien vale la pena detenerse y realizar una valoración integral del caso, en que el INE tiene responsabilidad indudable en el retraso de la investigación del Impepac”. Y concluye preguntando: “¿Quién o quiénes, en el INE, pretenden ocultar su responsabilidad? ¿El INE estará cediendo a la presión de las élites de algunos partidos por su desacuerdo con las candidaturas indígenas y la paridad de género? ¿Por qué impulsar la destitución de la consejera presidenta con el proceso electoral iniciado en el que participarán 22 partidos? ¿A quién o quiénes se pretende beneficiar con la destitución?”

Creo que mi amigo se equivoca, si la destituyen le harían un favor porque estoy cierto de que este proceso no van a poder sacarlo adelante sin problemas; los focos rojos están prendidos y el INE ya no sabe qué hacer. Lo que más le conviene a la titular del Impepac es irse; porque si no lo hace, la culpa al final del proceso va ser de ella. Y si no, al tiempo. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León / lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin

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