Sin duda alguna, nos encontramos en un momento decisivo en cuanto al marco legal de transporte y movilidad. La propuesta de armonización de la nueva Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial ha genera do fuertes rechazos por parte de diversos actores: transportistas tradicionales, taxistas, conductores de Uber y DiDi, diputados locales y organizaciones sociales.
Aquí un panorama de las principales objeciones, y puntos de conflicto, así como las posturas de los involucrados. La iniciativa de armonización es una respuesta federal que busca actualizar las leyes locales para regular mejor el transporte público, los servicios por aplicaciones digitales, el uso del espacio vial, la seguridad vial, los derechos de los usuarios y la movilidad de peatones, entre otros.
En Morelos, como en muchas entidades, se pretende adaptar las normas existentes para cumplir con esa armonización nacional. Algunos de los puntos más polémicos que incluye la propuesta son la regulación y fiscalización del transporte mediante plataformas digitales (Uber, DiDi); un impuesto estatal del 1.5% por viaje que afectaría a los viajes realizados con estas plataformas; y normas o requisitos para transportistas tradicionales, concesionarios, además de la intervención del estado en la autoridad de regulación. Los grupos de transporte público tradicional, concesionarios y organizaciones como la Federación Auténtica del Transporte (FAT) y “Rutas Unidas” han expresado su fuerte descontento, hay acusaciones de falta de diálogo serio con los diputados estatales. Según Dagoberto Rivera Jaimes, vocero de la FAT, no se han establecido mesas de trabajo suficientes ni consensos claros, y afirma que la propuesta “no tiene pies ni cabeza” en varios artículos, sobre todo en lo relativo a los mototaxis y al transporte por plataformas digitales, así como los posibles impuestos nuevos.
Rechazó la entrada de la iniciativa privada al transporte público tradicional, por considerarla perjudicial para los concesionarios locales. Los taxistas han sido críticos tanto acerca del trato que reciben con la competencia de aplicaciones, como por los cambios que la nueva ley contempla. Hay rechazo a que los taxistas migren a las plataformas digitales, ya que consideran que los porcentajes que les cobran las plataformas por viaje “no benefician ni al trabajador del volante ni al con cesionario”. Han realizado bloqueos como forma de protesta por el retorno del cobro de la tenencia vehicular, y por incrementos en verificación vehicular entre otros cargos que consideran excesivos.
Los conductores de plataformas digitales (Uber y DiDi) han levantado dos grandes señales de alerta como el impuesto del 1.5%, pues consideran que esto representaría una doble tributación, ya que están sujetos a impuestos federales. Temen que este gravamen reduzca aún más sus ingresos, ya de por sí reducidos por las comisiones que cobran las aplicaciones. Exigen que los costos de este impuesto sean absorbidos por las plataformas, no trasladados ni a los conductores ni a los usuarios; las plataformas originalmente han manifestado disposición al diálogo para ver cómo las regulaciones pueden ser viables sin afectar al conductor. El Congreso del Estado tiene un rol clave en este momento, pues son los diputados los que deben discutir, modificar y aprobar la ley. Pero las críticas apuntan también hacia ellos, y se les acusa de falta de seriedad en el proceso legislativo, así como de no abrir suficientes mesas de trabajo con los diferentes sectores afectados. Transporte público, plataformas y organizaciones alegan falta de claridad sobre qué tan vinculantes serán los compromisos, acerca de quién absorberá costos y qué tan justa será la carga fiscal. Algunos diputados han mostrado disposición al diálogo; pero, a su vez, la administración estatal también ha afirmado que revisará cada artículo de la propuesta, pero no hay confianza.
Las tensiones giran alrededor de varios ejes como la equidad en la regulación y fiscalización; sobre quién paga qué impuestos; quién cumple los requisitos; y quién queda en desventaja. Discuten que no hay una competencia leal. Los taxistas tradicionales se sienten en desigualdad frente a plataformas digitales, que hasta ahora han operado sin tanta regulación estatal local, además de la carga fiscal al crear nuevos impuestos o gravámenes estatales; señalan también que hay doble tributación y manifiestan el temor de que los costos se trasladen tanto al usuario como al conductor; buscan igual mente, según nos señalan, que exista transparencia y participación, que los cambios sean acordados, no impuestos por la nueva ley; que se escuchen las voces del gremio; y que se definan claramente responsabilidades y beneficios. Al parecer, hasta ahora se han logrado algunos gestos de las autoridades estatales que han convocado mesas de trabajo con transportistas, plataformas y taxistas para explicar la propuesta, escuchar objeciones y recibir contra propuestas, por lo que han planteado que el impuesto del 1.5% no sea trasladado al conductor o al usuario, sino absorbido por las empresas de plataforma. Desde luego, se ha descartado el proyecto “Morebús” tal como se había planteado, siendo remplazado por alternativas como un “Cablebús” en ciertas zonas, buscan do soluciones distintas.
El rechazo a la nueva Ley de Movilidad en Morelos revela la complejidad de modernizar el transporte, no basta con proponer regulaciones que atiendan migraciones tecnológicas (como las plataformas digitales) o criterios de sostenibilidad; también hay que mantener el equilibrio para no afectar a quienes han operado con concesiones o bajo normas previas, ni imponer cargas adicionales que terminen por perjudicar al usuario. El momento que vive nuestro estado, exige tres cosas fundamentales: un diálogo amplio y transparente con los representantes de todos los sectores, que deben estar involucrados en la construcción final de la ley, para que de esa manera exista una verdadera justicia fiscal y regulatoria; ser muy claros en que los nuevos impuestos o requisitos no sean una carga excesiva y que las plataformas y transporte tradicional compartan obligaciones de manera equilibrada. En este punto, la claridad legal y operativa debe ser que las reglas sean claras, aplicables y que todos sepan qué se espera de ellos para evitar interpretaciones arbitrarias o conflictos posteriores.
La situación no es sencilla y ha faltado sensibilidad política para llevar a cabo el cabildeo adecuado, por lo que la falta de destreza en el manejo de las propuestas ha puesto a los actores en contra una decisión que mejoraría, dicen los funcionarios, el transporte en el estado. Lo importante son los acuerdos y las modificaciones que se hagan en la nueva ley para que los concesionarios cumplan su parte y el gobierno la suya, en un acuerdo que permita aprovechar una verdadera mejora en el transporte público, que es en Morelos terrible y totalmente desorganizado. ¿No cree usted? Mañana sábado dará inicio la temporada de ópera desde el Met de Nueva York en directo y con alta definición con la ópera “LA SONÁMBULA”, de Belli ni, en el Centro Cultural Teopanzolco, a las 11 de la mañana. Invita Amigos de la Música A.C., lo que es garantía de calidad musical; no se la pierda.