El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 29, redobló su denuncia por la falta de compra de uniformes y equipo etiquetados en el presupuesto estatal para 2025.
En un oficio fechado el 18 de noviembre de 2025, el sindicato alertó que, aunque existen recursos asignados para vestuario y equipo para el personal sanitario, no se ha lanzado la licitación pública correspondiente para su adquisición. Según el documento, el presupuesto estimado para esa partida ronda los 18 millones de pesos.
El sindicato señala que cada trabajador debería recibir un “paquete” valorado en aproximadamente 56 mil pesos, similar al provisto por el programa IMSS-Bienestar. Sin embargo, aclaran que esta entrega no se ha concretado ni para personal con contrato permanente ni para eventuales o de confianza.
En su oficio, exigen que la Secretaría de Salud informe de manera pública cuándo será convocada la licitación, cómo se planea repartir los bienes y que todo el proceso quede documentado antes del cierre del ejercicio fiscal.
En febrero de 2025, alrededor de 4,500 trabajadores de la Sección 29 realizaron un paro de “brazos caídos”, denunciando un rezago en insumos, equipo y medicamentos, así como contratos injustificados y falta de mantenimiento en unidades de salud. El sindicato refirió incluso que el material de curación y los medicamentos son tan escasos que algunos trabajadores han tenido que comprarlos con su propio dinero.
Ante las amenazas de paro, la administración de Morelos acordó instalar una mesa de trabajo con la Sección 29, donde participan autoridades de la Secretaría de Salud, de Servicios de Salud y representantes del IMSS-Bienestar para atender las demandas sindicales. En esa mesa se marcó el compromiso de establecer una Comisión Auxiliar Mixta de Escalafón, para revisar condiciones laborales, contratos y antigüedad, además de atender la dotación de insumos y equipo.
En su petición, la Sección 29 solicita que se publique un cronograma para la licitación de uniformes y equipo para tener evidencia documental de la adjudicación y entrega de los paquetes al personal.
Para una transparencia total se exige que el proceso se realice con vigilancia para evitar prácticas contrarias al código de ética, ya que no hay respuestas antes del cierre del ejercicio fiscal 2025 que garanticen que los fondos no queden sin ejecutar.
La opacidad en el manejo de los recursos ya no es permisible en un régimen donde la gobernadora ha sido clara en su continua solicitud de hacer la guerra a la corrupción. ¿No cree usted?
