Al parecer, una vez más se equivoca el Congreso del Estado en el acuerdo político para reducir de 20 a 14 años el periodo de vigencia de los magistrados en el cargo para el que fueron electos.
Por lo visto, la única que se percató de la violación constitucional fue la coordinadora parlamentaria del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, que pidió corregir el sentido de su voto, pues sostuvo que el acuerdo carece de legalidad.
Señaló que, para que se llevara a cabo una acción de esa trascendencia, sería necesario que se hiciera una reforma constitucional, ya que el periodo de 20 años se autorizó con una reforma constitucional y sólo con una reforma de este tipo podría hacerse el cambio, y no con un simple acuerdo, lo que legalmente no es posible.
La Presidenta de la Junta Política y de Gobierno señaló que procedería legalmente de no anularse el acuerdo, pues consideró que para impulsar una acción de tal trascendencia sería necesaria, como ya lo señalamos, una reforma constitucional, aunándole a ello que no se cumplió con el proceso legislativo que señala la ley.
Detrás del acuerdo señalado hay una inmensa cola que la nefasta legislatura pasada aprobó por instrucciones del entonces gobernador, que era verdaderamente quien ordenaba en el Congreso y que, a base de darles dinero, compró a la mayoría de los corruptos diputados.
La reforma constitucional en mención fue impulsada por el Partido de la Revolución Democrática en la pasada legislatura, que al mismo tiempo trató de impulsar un juicio político en contra del hoy gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuando éste era Alcalde de Cuernavaca, para quitarlo del camino al cargo que quería para su hijastro el “príncipe”, y que perdió después de haber gastado muchos millones del dinero gubernamental, por lo que es muy, pero muy grave, que la Fiscalía Anticorrupción, al estar bajo su tutela, no haga nada en contra de una de las lacras más grandes que han pasado por nuestro estado.
El punto de acuerdo fue impulsado por el diputado del Partido del Trabajo José Luis Galindo Cortez, quien recibió el respaldo de 16 legisladores más que aprobaron ante el Pleno abrogar una norma transitoria, por la que se dispuso que una lista de 22 magistrados permanecieran en su representación por 20 años y no 14, como actualmente lo establece la Constitución Política del Estado de Morelos, a raíz de una reforma que también aprobaron los ex legisladores.
Dentro de la lista de magistrados que se verían afectados con la determinación del Pleno del Congreso destaca la actual Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, quien tendría que dejar el cargo el próximo 4 de julio.
El artículo segundo transitorio del decreto, publicado en la edición del 24 de febrero del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, establece que los 22 magistrados en funciones, que recibieron su nombramiento por 20 años, son del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
“Por esta única ocasión, durarán en su encargo hasta cumplir veinte años contados a partir de la fecha de su primera designación, sin perjuicio de la aplicación de la disposición constitucional que establece el retiro forzoso por razón de edad, y gozarán del haber de retiro en la forma y términos que determinen los ordenamientos correspondientes”, señala la norma transitoria que a partir de ayer quedaría sin efectos.
El grave problema es que ahora los magistrados le ganen al Congreso en un juicio en el que se discuta la violación del Congreso al artículo 14 de la Constitución, en el cual se señala que no puede aplicarse la ley en perjuicio de persona alguna, o sea retroactividad de la ley, por lo que volverían a quedar en ridículo.
En la misma sesión, el Congreso del Estado integró el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), tras designar a los seis integrantes que durarán en la representación tres años.
Por mayoría de votos, los legisladores designaron en la sesión ordinaria de ayer, que fue la continuación de la realizada la semana pasada, a Cristian Adrián Montero Montero, Lucio Alfonso Rubio, Briseida Ruiz Flores, Gerardo Vargas Salgado, Rosario Cázares Campos y Abimelec Quiroz Morales como consejeros consultivos propietarios. Como suplentes fueron designados Claudia Anguiano Ramos, Roberto Godínez Vega y Kenia Lugo Delgado.
Al parecer, una vez más el Congreso cometerá el error de emitir por la vía rápida los nombramientos de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y el de un nuevo Comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.
Por lo pronto, cuando sólo les faltan 20 días para que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura, sus integrantes finalmente acordaron avanzar en los nombramientos pendientes.
Para la titularidad de la ESAF, 29 ciudadanos se registraron en la convocatoria: seis mujeres y 23 hombres. Se aseguró que el proceso de designación que se concretará en un plazo de 13 días, se hará apegada a derecho, lo que es algo que esperamos todos, porque a pesar de las promesas, al momento no vemos claro. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León / lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin