¿Entienden la mayoría de los alcaldes el desafío de la inseguridad en el estado, notoria como crimen organizado, extorsiones, amenazas, robos, etc.? Muchos no y otros hacen como que no. La participación de los alcaldes en las tareas de seguridad se presenta como factor clave, pero ¿hasta dónde están involucrados los presidentes municipales? ¿Existen esquemas de coordinación efectivos con autoridades estatales y federales? O, como señaló nuestro diario, ¿son algunos de ellos puntos estratégicos para la delincuencia?
Por su cercanía con la población, los municipios son fundamentales para detectar focos rojos de inseguridad, implementar acciones de prevención como iluminación, patrullajes locales y mejores condiciones sociales, facilitar coordinación con fuerzas estatales y federales, y participar en instancias de toma de decisión como mesas regionales y estatales de seguridad. Legalmente, se han fortalecido sus obligaciones. Las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obligan ahora a los presidentes municipales a participar en estas mesas. En diciembre de 2024, los alcaldes electos de Cuernavaca, Tepoztlán y Huitzilac acordaron colaborar con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en prevención del delito mediante mesas regionales. También se han realizado reuniones de seguimiento con alcaldes de la Primera Región de Morelos (Jiutepec, Emiliano Zapata, Yautepec, etc.) para coordinar acciones preventivas como “Escuela Segura”, “Mujeres Constructoras de Paz” y “Patrulla Juvenil”.
El gobierno estatal ha desplegado estas mesas en las siete regiones del estado con participación municipal, estatal y federal, buscando operar de forma cercana con los municipios, además de realizar operativos interinstitucionales de alto impacto. Con las nuevas reformas legales, hay mayor obligación formal de que los alcaldes asistan a las mesas regionales y estatales de seguridad. A pesar de estos avances, la coordinación enfrenta críticas. Por ejemplo, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, reconoció que de los 36 alcaldes, solo 10 han participado regularmente en la mesa de seguridad del estado, lo que indica barreras de voluntad política, capacidad institucional o presiones sobre los alcaldes.
Algunos alcaldes enfrentan amenazas, intimidaciones o extorsiones, lo que limita su capacidad de acción. Un ejemplo es el transporte público, que sufre extorsiones, y en Ayala hubo ataques al domicilio de la alcaldesa. También se han documentado investigaciones en curso contra alcaldes por presuntos nexos con criminales, como los de Cuautla y Atlatlahuacan, bajo investigación por una presunta reunión con un líder criminal. Hay voces que señalan que el “Mando Coordinado Policía Morelos” no ha sido verdaderamente eficaz, porque los municipios no están plenamente integrados o apoyados, o porque la coordinación es más declarativa que operativa. Además, algunas acciones son anuncios más que intervenciones de terreno, sin seguimiento ni efectos medibles en los municipios que más lo necesitan.
Si bien existen mecanismos establecidos para coordinar mesas regionales, leyes que obligan, reuniones interinstitucionales y operativos conjuntos, la coordinación real que genere cambios tangibles en los niveles de inseguridad parece limitada por la participación irregular de los alcaldes, desigualdad institucional y de recursos, presión directa del crimen organizado, falta de seguimiento y evaluación pública de resultados, y ausencia de despliegue específico municipal en las acciones.
Los alcaldes tienen un rol clave en la seguridad local: atención al vecino, prevención, detección de alertas y colaboración con autoridades superiores. Morelos ya cuenta con un marco legal y organizativo para coordinar reformas legales, mesas regionales y estatales, y operativos interinstitucionales. Sin embargo, la eficacia de estas coordinaciones depende de la voluntad política de los alcaldes, los recursos municipales disponibles, su capacidad operativa local y de que actúen sin miedo ni compromisos con la delincuencia.
Para fortalecer la coordinación sería necesario mejorar la asistencia y compromiso formal de todos los alcaldes con las mesas estatales y regionales, garantizar recursos y apoyo institucional a los municipios más vulnerables, y establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas y evaluación pública de resultados municipales y regionales. La experiencia hasta ahora muestra que algunos alcaldes no entienden bien la situación y a otros se les acusa de estar vinculados con el crimen; aunque sean solo rumores o investigaciones en curso, es necesario que las autoridades locales sean claras y transparentes para lograr una coordinación adecuada que combata la impunidad.
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