Sin duda alguna, la crisis en el Tribunal Superior de Justicia ha sido grave. Durante semanas, la falta de acuerdos entre magistrados dejó en evidencia no solo la división interna, sino también el desgaste de la institución. La calidad de algunos integrantes del Pleno ha quedado en entredicho, y la incapacidad para construir consensos reflejaba mal tanto en lo jurídico como en lo político.
Ayer, finalmente, el Congreso del Estado tomó cartas en el asunto y designó a Juan Emilio Elizalde Figueroa como presidente del TSJ, rompiendo así con la parálisis institucional. La presión política —alimentada por actores como Grákula— había impedido avances, o tal vez fue simplemente falta de voluntad o habilidad para negociar dentro del nuevo gobierno. Es preocupante que, contando con todo el poder en este primer año, haya sido necesario llegar al punto de una intervención legislativa para resolver lo que debió ser una decisión colegiada.
Elizalde ha mostrado prudencia y sensatez en su actuar, y su nombramiento puede abrir una ruta hacia la estabilidad. Ahora, el reto es que esa misma claridad alcance a los demás magistrados. Si no logran alinearse a una nueva etapa de trabajo, será momento de aplicar medidas más drásticas. No se puede permitir que la justicia en el estado continúe parcialmente paralizada.
A los ex candidatos a la presidencia del TSJ —Nancy Giovanna Montero Mercado, María del Carmen Aquino Celis y Javier Mújica Díaz— corresponde ahora sumarse al trabajo institucional, dejando atrás intereses personales. Queda claro que el intento por imponer un perfil desde el Ejecutivo no funcionó, y el Congreso, con esta decisión, ha asumido el control político y legal que la situación exigía.
La esperanza está en que esta intervención no se quede en lo simbólico y que el nuevo liderazgo tenga margen para reconstruir la unidad interna. El tiempo apremia, y el desgaste institucional no admite más titubeos..
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que continúan los aseguramientos y detenciones relacionadas con el robo de vehículos en Morelos, ¡qué bueno!, y destacó el uso de tecnologías de vigilancia, como videograbaciones y seguimiento de cámaras que han permitido esclarecer diversos hechos violentos y detener a integrantes de células criminales.
Fue claro al informar sobre varios de los casos recientes, incluido el feminicidio de Sara, que han sido esclarecidos (?), gracias al análisis de evidencia pericial y videográfica. Añadió que al menos cuatro o cinco robos de vehículo con violencia han sido vinculados a los mismos grupos delictivos.
Respecto a los hechos ocurridos en el fraccionamiento Burgos, indicó que se trata de un caso en investigación, pero que ya se han identificado imágenes que apuntan a un posible conflicto relacionado con la compraventa de vehículos, que derivó en una agresión directa. Reveló que las células delictivas relacionadas con el robo de vehículos están vinculadas a grupos como la Familia Michoacana y “Los Mayas”, este último con una subcélula denominada “Enjambre”. Afirmó que nunca antes se había detenido a integrantes de estos grupos y ahora se actúa sin distinciones ni protección institucional. Eso esperamos.
“El compromiso es que cualquier elemento de seguridad implicado con la delincuencia será detenido, sea cual sea el grupo al que se vincule”, advirtió Urrutia Lozano. Y respecto a recientes amenazas difundidas por presuntos delincuentes en redes sociales, sobre un “toque de queda” en la colonia Carolina, señaló que la Policía Cibernética ha identificado cuentas y que se reforzó la vigilancia en la zona centro de Cuernavaca para evitar riesgos.
Todo eso está muy bien, pero si saben quiénes son y dónde están esos delincuentes, ¿por qué no los detienen? Es la pregunta de los 64 mil. ¿No cree usted?
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