Una vez más nos hablan de los robos de la pasada administración y la amenaza de que meterán a la cárcel a los que las cometieron, pero no pasa nada.

Ahora nos dicen que exfuncionarios de Graco Ramírez dispusieron de dinero público, pese a que ya habían dejado el cargo, reveló el Consejero Jurídico del Gobierno de Morelos.

Señalo que detectaron que “ciertos” personajes siguieron disponiendo de dinero de las cuentas oficiales pese a que ya no eran funcionarios.

Aunque no mencionó el monto de lo que se presume podría ser “un desvío millonario”, Sotelo Salgado confirmó que el mal manejo de recursos públicos ocurrió en la Secretaría de Hacienda.

Por constituirse un delito por el presunto uso ilegal de los recursos públicos, el gobierno del estado, prepara una nueva denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) contra exfuncionarios del gobierno Graco Ramírez por la disposición de “varios millones de pesos”.

“Hubo disposición de recursos de varios millones de pesos, estamos haciendo ajustes, porque se tiene la evidencia de funcionarios que dejaron de ser funcionarios, siguieron disponiendo de recursos de varios millones de pesos, lo hicieron cuando dejaron de ser funcionarios y siguieron firmando cheques y disponiendo recursos del erario público”, dijo en entrevista.

Incluso, informó que la denuncia es en contra de varios exfuncionarios, “algunos por acción y otros por omisión, porque dejaron el cargo y actuaron como tales, sin tener las atribuciones”.

Sobre las más de 60 denuncias presentadas por la actual administración ante la Fiscalía Anticorrupción contra los exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez por presuntos desvío de recursos y otros delitos, Sotelo Salgado indicó que “están paralizadas; el Poder Judicial ha suspendido todas las actividades y hay una parálisis casi total”.

La verdad es que denuncias van y vienen y de resultados positivos nada de nada. ¿No cree usted?

El representante del Tribunal Superior de Justicia refutó la misiva entregada por el grupo de magistrados disidentes a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en la que calificó de ilegal la elección como magistrado presidente de Rubén Jasso Díaz. En un comunicado insiste en que el proceso para elegir al futuro presidente fue legítimo y legal, y arremetió contra los magistrados disidentes, para luego pedirles unidad y abandonar las denostaciones.

El TSJ afirmó que la misiva, con ocho firmas y el nombre de nueve magistrados, está “plasmada de animadversiones, atienden a un sentido estrictamente ‘político’ ya que carece de toda validez legal, pues será única y exclusivamente el ámbito jurisdiccional competente, quien pueda cambiar el carácter de validez y legalidad que tiene hasta el momento el resultado de dicho ejercicio colegiado y democrático”.

Fue claro al afirmar que a los 18 magistrados que integran el Pleno fueron debidamente notificados de la sesión solemne de Pleno para la elección del sucesor de la todavía magistrada presidente, de acuerdo con la determinación tomada por el pleno el 16 de abril en la que se aprobó por mayoría de votos que las notificaciones se realizaran por vía electrónica en sus aparatos telefónicos y correos electrónicos institucionales.

Afirmó que “dicha queja”, en referencia a la misiva que el grupo disidente entregó al Poder Ejecutivo y al Congreso local sobre el proceso ilegal de elección por no haberse cumplido con el quórum legal con al menos 12 magistrados, fue producto de la irresponsabilidad de los magistrados que no acudieron a la sesión solemne que fue convocada y realizada el 5 de mayo.

Por lo que podemos ver los magistrados que son los que forman el poder judicial o sea los que hacen justicia están como perros y gatos, que nos puede esperar a los ciudadanos si ni ellos que supuestamente conocen las leyes se ponen de acuerdo. ¿No cree usted?

 

teodoro lavín león

lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin