¿Cómo es posible que, a pesar de la gran cantidad de millones de pesos que se robaron en el régimen anterior, haya funcionarios que todavía duden o pongan dificultades para hacer justicia, detener a los responsables y hacer que devuelvan el recurso?
El propio Gobernador del Estado, el día lunes hizo votos para que la Fiscalía agilice las carpetas de investigación, porque ya transcurrieron cinco meses desde que se iniciaron y el avance es muy lento para judicializar; sostuvo que la justicia es la que debe hablar de lo que hicieron los ex funcionarios, porque la gente lo que quiere es justicia, las demandas están por los desvíos que realizaron.
Insistió en que es necesario que la Fiscalía agilice las investigaciones porque han pasado ya cinco meses y sólo una carpeta ha sido judicializada; por ello, aseguró que, sin importar quién sea culpable, es indispensable que se llegue hasta el fondo de las investigaciones, por lo que seguirá instando a la Fiscalía para que las investigaciones concluyan lo antes posible, y seguirá insistiendo en ese tema porque todo va muy lento y, realmente, no se ha visto que se haga nada contra los que le hicieron daño al estado, que deberían estar presos; pero se lo dejamos a la justicia.
Y nadie puede negar que el mandatario estatal tiene razón, porque los adeudos a proveedores de bienes y servicios alcanzan los tres mil millones de pesos; por eso, el Gobierno del Estado no cuenta con recursos para el pago de adeudos a proveedores, ni para cubrir prestaciones pendientes a trabajadores heredados de la administración pasada, por lo que algunas secretarías han solicitado ampliaciones presupuestales.
Por su parte, el Secretario de Hacienda expresó que lo que corresponde a la actual gestión se mantiene al corriente, pero se derivan de años anteriores varios adeudos a trabajadores de diferentes sectores, como el de salud y educación. La situación es verdaderamente compleja y algunas secretarías y organismos sectorizados han presentado solicitudes para cubrir adeudos de pagos como jubilaciones y pensiones. Pero dejó en claro que no se ha podido hacer por causa del nivel de ingresos que se tiene y el presupuesto aprobado por el Congreso.
Esas deudas –que, en su mayoría, se generaron por acuerdos que firmaron con el gobierno pasado en negociaciones antes de que terminara ese sexenio- ascienden -de manera global- a un monto de entre 800 y 900 millones de pesos; por ello se presenta un atraso en el pago a proveedores de bienes y servicios, que asciende a alrededor de tres mil millones de pesos, “si recordamos que la deuda en registros en libros era de diez mil millones de pesos”. “Realmente no, porque tenemos que hacer frente a los compromisos de esta administración y, desafortunadamente, hemos insistido mucho en que la pasada administración dijo que se quedarían cinco mil millones de pesos en cuentas de banco, pero solamente encontramos mil millones (…) son complicados y algunos proveedores han hecho algunas acciones como solicitudes de pagos, pero no tenemos fecha (…) en algunos de esos casos, de hecho, estamos viendo que están requiriendo el pago, pero los servicios o las obras no se hicieron”.
El propio secretario comentó que, por ahora, no se ve posibilidad alguna de recuperación de recursos por presuntos desvíos del erario que han sido denunciados, ya que apenas se han dado los primeros pasos en cuanto a vinculaciones a proceso legal de exfuncionarios.
El gobierno de la anterior administración desvió más de 350 millones de pesos que estaban destinados a la reconstrucción de planteles también, por lo que el Movimiento Magisterial de Bases criticó que hasta la fecha permanezcan muchas escuelas en instalaciones provisionales, debido a daños provocados por el sismo del 2017; y en la zona sur del estado hay cuando menos 60 planteles en los cuales los estudiantes van a clases en aulas inadecuadas, en tanto que el proceso de reconstrucción no concluye.
Recientemente, el Delegado Especial de la Federación en Morelos informó que, durante la gestión del ex gobernador, hubo un sub-ejercicio de más de 350 millones de pesos para la reconstrucción de centros educativos; lo que no dijo es que tipo de recurso jurídico están utilizando para recuperar ese dinero o fincarle responsabilidades al ex gobernador.
Al respecto, el líder del MMB expresó que, desde antes de que terminara el gobierno pasado, el MMB denunció que muchas escuelas se quedaron sin reparación de los daños ocasionados por el temblor desde septiembre del 2017 y el 50% de las mismas tiene una reparación pendiente; con los datos oficiales que han salido a la luz, reiteró la demanda de que se investigue y se deslinden responsabilidades por las omisiones, además de transparentar el uso del dinero que muchas asociaciones, fundaciones y personalidades donaron en su momento para apoyar a los damnificados.
Por lo que podemos ver, cada día tenemos noticia de alguna transa nueva de la pasada administración. El problema es que la Fiscalía Anticorrupción se hace como que la Virgen le habla o el compromiso con el pasado está muy fuerte, porque elementos para actuar sobran, lo que falta son resultados. Queremos hechos, no palabras. ¿No cree usted?
Por: Teodoro Lavín León / lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin