En Morelos, la vida pública parece moverse en piloto automático, mientras decisiones fundamentales para la administración Estatal son tomadas entre pasillos sin mayor resistencia ni análisis. Una muestra clara de esto es la reciente iniciativa del Ejecutivo Estatal para fusionar nuevamente dos secretarías, bajo el argumento de reducir gastos y mejorar la eficiencia gubernamental. Sin embargo, lo que en apariencia parece una medida administrativa, tiene implicaciones profundas para la gobernanza democrática del Estado.
El gobierno actual ha presentado diversas iniciativas a lo largo del sexenio, muchas de ellas aprobadas sin mayor debate en el Congreso local. Esto no sorprende si consideramos que la mayoría de los diputados pertenecen a Morena, el partido en el poder. Este alineamiento político ha generado una preocupante tendencia: la subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, debilitando los contrapesos institucionales que deberían estar garantizados en cualquier democracia funcional.
La reciente propuesta para fusionar secretarías se suma a una serie de decisiones tomadas en los últimos años bajo una lógica de “austeridad” que no siempre ha demostrado ser eficaz. La supuesta reducción de estructuras burocráticas no ha significado necesariamente una mejora en los servicios públicos, y en muchos casos, ha implicado la pérdida de capacidades técnicas, la sobrecarga de funciones y, paradójicamente, el aumento del gasto por duplicidad de responsabilidades o improvisación operativa.
Esta nueva fusión plantea dudas razonables. ¿Realmente se busca optimizar recursos o simplemente centralizar el poder y tener un mayor control de áreas clave? ¿Quién evalúa el impacto de estas decisiones en la vida cotidiana de los ciudadanos? ¿Por qué no se consulta a la sociedad civil, ni se transparentan los diagnósticos que supuestamente justifican estos cambios?
Lo más alarmante es la actitud complaciente del Congreso local. A lo largo de la actual legislatura, los diputados han aprobado sin mayor resistencia diversas reformas y decisiones ejecutivas, sin ejercer un verdadero análisis legislativo ni representar los intereses plurales de la ciudadanía. En lugar de actuar como un poder autónomo, se han convertido en una oficialía de partes del Ejecutivo.
Esto no es un tema menor. En un sistema democrático, el equilibrio entre poderes no es un lujo, sino una necesidad para garantizar decisiones informadas, incluyentes y sostenibles. La falta de discusión parlamentaria solo alimenta la desconfianza ciudadana, la apatía política y el desencanto con las instituciones.
Además, hay un componente estratégico detrás de estas fusiones: el reacomodo del poder político rumbo a los próximos procesos electorales. Con menos secretarías y mayor concentración administrativa, se puede ejercer un control más directo sobre los recursos públicos, las plazas de trabajo y las estructuras territoriales. En otras palabras, se puede construir un aparato político disfrazado de eficiencia gubernamental.
En este contexto, es urgente que la ciudadanía levante la voz. No podemos seguir siendo espectadores de un juego de poder que se juega a puertas cerradas. La participación ciudadana es clave para frenar los excesos, exigir transparencia y exigir a nuestros representantes que verdaderamente nos representen. La democracia no se limita al acto de votar cada tres o seis años; se construye y se defiende todos los días, desde la exigencia informada, la movilización social y el ejercicio crítico de nuestros derechos.
Debemos exigir que cualquier reforma administrativa sea debatida públicamente, con datos, argumentos y la participación de expertos. Debemos reclamar que el Congreso local recupere su independencia y funcione como un verdadero contrapeso. Y debemos organizarnos como sociedad civil para monitorear, cuestionar y, cuando sea necesario, resistir aquellas decisiones que comprometan la eficiencia del gobierno y la calidad de vida de los morelenses.
La fusión de secretarías puede parecer un detalle técnico, pero es un síntoma más de un modelo de gobierno que avanza sin contrapesos, sin participación y sin rendición de cuentas. No se trata solo de números o estructuras; se trata de cómo queremos ser gobernados, y de si estamos dispuestos a dejar que unos pocos decidan por todos, o si asumimos el compromiso de construir un gobierno verdaderamente democrático, abierto y ciudadano.
Morelos necesita más voces activas y menos decisiones impuestas. La transformación no puede ser solo de nombre; debe ser de fondo, con una ciudadanía que sepa exigir y un gobierno que sepa escuchar. El tiempo de la indiferencia ha terminado. ¿No cree usted?
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