Definitivamente, al parecer los miembros de la legislatura actual van con todo sobre los ex diputados de la pasada legislatura, por lo que realizaron la denuncia correspondiente por peculado ante la Fiscalía Anticorrupción, después de que, durante los tres años que duró su encargo, la pasada legislatura nunca cumplió con la ley al no transparentar los gastos del Congreso del Estado ante la autoridad correspondiente.

Al parecer, la denuncia presentada señala que quieren que se investigue el destino de 22 millones de pesos que desaparecieron de las arcas del Congreso y que correspondían a las prestaciones de los trabajadores.

El diputado José Casas González, irónico, dijo que la denuncia por peculado, presentada ante la Fiscalía del Combate a la Corrupción, “no es de chocolate”. Cosa que está muy mal, pues en lugar de bromear se debería de preocupar porque dicha denuncia esté fundada de acuerdo a la ley, ya que en la ocasión anterior presentaron una mal hecha. Ésta está dirigida a penalizar a quien haya hurtado 22 millones de pesos que correspondían a las prestaciones de los subordinados del Legislativo.

Los diputados Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Ana Cristina Guevara Ramírez, José Galindo Cortez y José Casas se hicieron presentes ante la Fiscalía Anticorrupción, que preside Juan Salazar Núñez; ya que aparentemente la denuncia tiene cola y quieren, de una vez, constatar si es que el Fiscal Anticorrupción cumple o no con la ley, puesto que se trata es una imposición del anterior gobierno. De modo que se busca que el fiscal reivindique su papel y no se le asocie más con la figura del ex mandatario, a quien se le sigue un juicio político considerado por un sector de la abogacía morelense como un “espectáculo mediático”.

El diputado fue contundente al señalar que la imputación también contempla la omisión de ejercicio indebido del servicio público y desvío de recursos públicos, “más lo que salga”, en contra de Francisco Alejandro Moreno Merino, Beatriz Vícera Alatriste, Hortencia Figueroa Peralta, Julio Espín Navarrete y Silvia Irra Marín.

A la fecha, lo que se ha podido comprobar es que los 22 millones de pesos no se depositaron como debería haber sido en el Instituto de Crédito de los Trabajadores del Estado, por lo que existe una presunta flagrancia en contra de los intereses de los trabajadores del Poder Legislativo.

El legislador expuso que la malversación de esos fondos va sustentada por unas pruebas que se consideran “contundentes”, como los documentos que avalan los tres procesos de entrega-recepción que se dieron en el ciclo parlamentario anterior, los cuales estuvieron plagados de errores.

En un ejercicio democrático, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado dio acceso a la elaboración de la denuncia, con el apoyo del jurista Enrique Paredes Sotelo, el autor del juicio político contra el ex jefe del Ejecutivo, así como a la Barra y Federación de Colegios de Abogados.

De igual forma, expresó que los pagos hacia la institución crediticia se estuvieron descontando cada quincena; luego, al no erogar las cifras, se hizo un “reconocimiento de deuda” que se traduce en un auténtico desvío de fondos. Después, a costa de las participaciones del Congreso local, el entonces titular de Hacienda, Jorge Michel Luna, emitió un pago de 12 millones de pesos, como un paliativo; pero todos sabemos que eso no es todo y que al final se repartieron 60 millones entre los legisladores, según declaraciones en privado de la Tesorera del Congreso, lo que habría que investigar. ¿No cree usted?

 

EL CAMPO

Una más del gobierno anterior, al descubrirse que en lugar de buscar un apoyo para el campo como debería de ser. De acuerdo a las declaraciones del nuevo secretario de Desarrollo Agropecuario, se le olvido al régimen pasado hacer los trámites para que la federación entregue al gobierno estatal los apoyos necesarios para el campo morelense, al no aportarse desde el mes de agosto la parte que le correspondía al estado en programas bipartitas para el desarrollo de proyectos.

Por lo pronto, la actual administración decidió destinar alrededor de 10 millones de pesos para el campo, con lo que se recuperarán más de 40 millones de pesos.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en conferencia de prensa, señaló que hasta ahora muchos de los programas para este sector operan de manera bipartita, pero que el ex gobernador no entregó los recursos que le correspondían en varios de ellos y se perderían si no son rescatados en este mismo mes.

Explicó que en este momento se busca recuperar los recursos de Apoyos para Concurrencia, que son usados para respaldar proyectos tales como construcciones de pequeños invernaderos, para infraestructura en ganadería, mejoramiento de establos, apoyo a viveristas con equipamiento como bombeo y muchos rubros más.

Señaló el funcionario que en el gobierno actual “estamos haciendo todo lo necesario para rescatar ese recurso disponible”, y destacó que el Ejecutivo local actual decidió destinar los 10 millones de pesos que se requieren para obtener aproximadamente 43 millones de pesos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León

lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin


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