En medio del complejo panorama de inseguridad que atraviesa el Estado de Morelos, dos voces públicas han protagonizado un nuevo capítulo de desencuentros: por un lado, el diputado local Sergio Omar Livera Chavarría, quien sostiene que la violencia está siendo “magnificada” y que se trata más de una percepción social que de una realidad estructural; y por el otro, el Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien ha alzado la voz con contundencia para denunciar el deterioro de la seguridad pública y la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades.
Estas posturas encontradas no sólo reflejan dos visiones distintas del estado actual de Morelos, sino que ponen sobre la mesa un debate más profundo: ¿qué tan conectados están nuestros representantes con la realidad cotidiana de los ciudadanos?, ¿hasta qué punto es posible minimizar o negar un problema que ya rebasa las estadísticas y se instala en la vida diaria de miles de familias?
Y que salga un representante del pueblo y haga declaraciones como “no es para tanto” e insista en que la percepción de inseguridad responde a una narrativa construida por medios de comunicación y actores con intereses políticos. Según su argumento, Morelos no vive una crisis de seguridad tan grave como se presenta, y muchas veces se sobredimensionan los hechos violentos, lo que genera alarma social innecesaria.
Desde esta óptica, el legislador ha llamado a “no caer en el alarmismo”, asegurando que las instituciones están trabajando y que hay avances importantes, aunque no siempre visibles. Incluso ha llegado a sugerir que la intervención de la Iglesia católica en temas de seguridad contribuye a polarizar el discurso y crear más tensión entre ciudadanía y gobierno.
Mientras que la voz eclesiástica indica que “vivimos secuestrados por la violencia”, ya que en contraposición, el Obispo Ramón Castro ha sido uno de los actores más críticos del actual gobierno estatal y su respuesta frente al crimen organizado. En diversas homilías y declaraciones públicas, ha advertido sobre la expansión de la violencia, el control territorial que ejercen grupos delictivos en distintas regiones del estado, y la normalización de hechos atroces como las ejecuciones, desapariciones forzadas, extorsiones y desplazamientos forzados.
El obispo no ha tenido reparo en señalar que los ciudadanos se sienten abandonados, y que la falta de estrategias coordinadas entre el gobierno estatal y federal está permitiendo que el tejido social se siga desmoronando. Su mensaje ha sido respaldado por amplios sectores de la sociedad civil, que ven en sus palabras un eco de la desesperación generalizada.
Ambas posiciones, por más opuestas que parezcan, tienen elementos que deben analizarse con seriedad. Por un lado, el discurso del diputado que puede leerse como un intento de contener el miedo colectivo y generar confianza en las instituciones, lo cual es positivo en tiempos de crisis, siempre y cuando se base en datos sólidos y acciones verificables.
Sin embargo, su enfoque peca de insensible e incluso negacionista al omitir que Morelos ocupa los primeros lugares nacionales en delitos como feminicidio, extorsión y homicidio doloso. Restar gravedad a estos indicadores no ayuda a resolver el problema, sino que lo encubre. La negación institucional ha sido una constante en muchas administraciones, y sus consecuencias son profundas: se deslegitima la voz de las víctimas, se posterga la atención a emergencias sociales y se erosiona la confianza pública.
Por otro lado, la posición del Obispo Ramón Castro tiene la virtud de reflejar la angustia real de los ciudadanos. Su papel como figura moral y social ha sido clave para visibilizar lo que muchos sufren en silencio.
En medio de estas posturas, la ciudadanía morelense queda atrapada entre el discurso oficialista y el clamor social. Pero más allá de ser meros receptores de información contradictoria, los ciudadanos deben asumir un papel activo. Ya no basta con indignarse desde casa ni con compartir notas alarmantes en redes sociales. Es momento de organizarse, de exigir rendición de cuentas, de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y de tomar parte en los procesos públicos.
Las organizaciones civiles, los colectivos vecinales, los centros académicos y los medios de comunicación tienen la oportunidad —y la responsabilidad— de generar puentes entre la denuncia y la acción. Si dejamos que las contradicciones entre líderes políticos y religiosos se queden en el debate retórico, el crimen seguirá avanzando sin freno.
Morelos vive un momento delicado, donde la violencia ha dejado de ser una cifra para convertirse en una experiencia cotidiana. Las declaraciones contradictorias entre el diputado Livera y el Obispo Ramón Castro no deberían enfrentarnos, sino empujarnos a preguntar: ¿quién tiene razón?, ¿quién está más cerca de la gente?, ¿quién nos está diciendo la verdad?
Responder a esas preguntas exige informarse, dialogar y actuar. La inseguridad no se resolverá con discursos aislados ni con silencios cómplices, sino con una ciudadanía crítica, presente y activa. ¿No cree usted?