No sé cuál es la novedad: a los funcionarios sin experiencia les sale de inmediato. Hágame usted el favor, vea las declaraciones de la encargada nacional del SEA: El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo dejó inoperante el Sistema Estatal Anticorrupción, lo que impidió avances en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos en Morelos, afirmó la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales. Creo que en Morelos la corrupción no solo existe, sino que se pasea impune por los pasillos del poder. Cada administración promete acabar con ella, cada funcionario asegura estar del lado de la transparencia y cada reforma se anuncia como la solución definitiva. Pero cuando volteamos a ver resultados, lo que encontramos es decepción. Un ejemplo clarísimo es el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Creado en 2017 con bombo y platillo, supuestamente para coordinar instituciones y fortalecer la voz ciudadana en la lucha contra la corrupción, el SEA se ha convertido en un adorno institucional, una vitrina bonita que nadie usa, un cascarón vacío. Y lo más grave: la gente ya ni siquiera espera nada de él. ¿Por qué no funciona? La respuesta es sencilla y brutal: porque nunca lo dejaron funcionar. El SEA nació sin dientes. Su Comité de Participación Ciudadana —el corazón del sistema— solo puede emitir recomendaciones. Dicho de otra manera: pueden señalar a los corruptos, pero no tocarlos. ¿De qué sirve un organismo que solo observa mientras los culpables se pasean libres? Es como poner un semáforo que siempre está en verde: está ahí, se ve bonito, pero no cumple ninguna función. No podemos negar que la intromisión política lo contaminó desde el inicio. En lugar de elegir a ciudadanos con credibilidad y experiencia real, los partidos metieron a sus fichas, a personas dispuestas a agachar la cabeza cuando se trata de incomodar a los poderosos. Un sistema que depende de los mismos políticos a los que debería vigilar está condenado al fracaso. Los recursos. Un sistema de este tamaño no puede funcionar con migajas. Sin presupuesto, no hay investigaciones, no hay especialistas, no hay programas de prevención. El SEA sobrevive apenas con lo mínimo y, mientras tanto, los corruptos siguen manejando fortunas de dinero público. Y por si esto fuera poco, las instituciones que deberían coordinarse dentro del sistema —la Auditoría, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Administrativo— se estorban entre ellas. Se culpan, se bloquean, se ignoran. No hay coordinación ni voluntad. Cada una responde más a intereses políticos que al compromiso con la ciudadanía. La ciudadanía no es ingenua: sabe que en Morelos hay escándalos de corrupción todos los años. Municipios con cuentas públicas observadas, funcionarios señalados por enriquecimiento ilícito, obras públicas con sobreprecio, desvíos de recursos. Y, sin embargo, ¿cuántos de esos casos llegan a un castigo ejemplar? La respuesta la sabemos todos: casi ninguno. Los procesos se diluyen en trámites eternos, los acusados se amparan, los jueces se tardan y, al final, los expedientes se empolvan en algún cajón. Esa impunidad no solo alimenta la corrupción, también destruye la confianza en cualquier esfuerzo institucional. La corrupción en Morelos no se combate porque, al parecer, en la Fiscalía no hay voluntad política. Los discursos sobran, las leyes existen, las oficinas están instaladas… pero la decisión real de enfrentar a los corruptos nunca llega. Los gobernantes prefieren un sistema que simule estar trabajando a uno que en verdad toque intereses y destape redes de complicidades. El SEA, así como está, solo sirve para que los políticos digan “ya tenemos un sistema anticorrupción”. Sirve de escudo retórico, de excusa para aparentar que hacen algo. Mientras tanto, la corrupción sigue siendo el pan de cada día: se filtra en las licitaciones, en los contratos de obra, en los nombramientos de funcionarios y hasta en el manejo de la seguridad pública. La consecuencia más grave de este fracaso es que la gente se cansa. Cuando los ciudadanos denuncian y nada pasa, terminan por dejar de denunciar. Cuando ven que ningún corrupto es castigado, entienden el mensaje: aquí todo se permite. Y cuando eso ocurre, se normaliza la corrupción como parte de la vida diaria. En un estado con problemas tan graves como la violencia, la inseguridad y la falta de empleo, la corrupción actúa como gasolina para el incendio. Cada peso desviado es un hospital sin medicinas, una escuela sin maestros, una patrulla que nunca llega. La corrupción no es un asunto abstracto: nos golpea todos los días. El Sistema Estatal Anticorrupción en Morelos es un ejemplo de cómo se puede gastar dinero público en crear una estructura que no sirve. No necesitamos más instituciones de adorno. Necesitamos organismos que funcionen, que tengan dientes, que sean verdaderamente independientes y que cuenten con presupuesto suficiente para cumplir su misión. Pero, sobre todo, necesitamos voluntad política. Porque, aunque se reformara todo el marco legal y se duplicara el presupuesto, de nada servirá si quienes están en el poder no están dispuestos a ser investigados y sancionados. Hoy el SEA no es más que un monumento a la simulación. Y mientras sigamos tolerando esa farsa, la corrupción seguirá siendo la dueña de Morelos. ¿No cree usted? Las opiniones vertidas en este espacio son exclusiva responsabilidad del autor y no representan, necesariamente, la política editorial de Grupo Diario de Morelos.

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