Habrá recorte presupuestal en Morelos en 2026 y, sin duda alguna, los ajustes anunciados podrán costar votos en 2027. El anuncio de una reducción en el presupuesto de las dependencias del Gobierno del Estado de Morelos para 2026 no sólo es un tema técnico de finanzas públicas. Representa un viraje político que podría transformar el mapa electoral rumbo a las elecciones de 2027. En un contexto de desaceleración económica, pérdida de empleo industrial y crisis de confianza en las instituciones, los recortes amenazan con encender un descontento ciudadano que difícilmente se apagará antes de que se abran las urnas. Morelos arrastra desde hace años un déficit estructural con una economía dependiente del sector público, del empleo temporal y de actividades informales. A esto se suma la reciente salida de la planta Nissan en Jiutepec, que dejó sin trabajo a unas 2,400 personas y afectó indirectamente a miles más que dependían de los servicios y el comercio alrededor de la zona industrial. La caída en la recaudación estatal y municipal era inevitable, y con ella la presión para “ajustar” el gasto en 2026. El gobierno argumenta que los recortes son necesarios para sanear las finanzas y evitar endeudamiento, pero detrás del lenguaje técnico hay un costo social difícil de ignorar. Cada peso que se retire de salud, educación o programas sociales se traducirá en ciudadanos que sienten que el Estado los está dejando solos.
Cuando una dependencia recibe menos presupuesto, los primeros efectos suelen ser invisibles con menos personal contratado, reducción en mantenimiento y retrasos en trámites. Pero, al paso de los meses, se notan los impactos más sensibles, como son clínicas sin insumos, caminos deteriorados, escuelas con mantenimiento atrasado y programas de apoyo cancelados sin aviso. En el caso de Morelos, el golpe puede ser doble. Por un lado, los municipios pequeños —que dependen casi por completo de transferencias estatales— verán paralizados proyectos básicos de infraestructura. Por otro lado, áreas estratégicas como seguridad pública podrían sufrir la falta de recursos para patrullas, equipamiento o capacitación, justo en un estado donde los índices delictivos ya generan preocupación constante. Reducir presupuesto no es sólo un tema contable, sino una decisión política, pues se elige quién gana y quién pierde. En este caso, los más afectados suelen ser los sectores que no tienen poder de presión como comunidades rurales, trabajadores informales y familias de bajos ingresos. La contracción del gasto público genera una reacción en cadena. Cuando el Estado gasta menos, los proveedores locales venden menos, se despide personal, baja el consumo y se reduce la recaudación de impuestos locales. Es un ciclo que se retroalimenta negativamente. En Morelos, donde la economía privada aún no logra sostenerse por sí misma tras la pandemia y el cierre industrial, esto puede significar una recesión local. Las micro y pequeñas empresas que viven de contratos gubernamentales —desde imprentas y constructoras hasta proveedores de alimentos o mantenimiento— verán sus ingresos caer drásticamente. El impacto también es psicológico ya que los recortes envían un mensaje de austeridad en un contexto donde la población percibe que los funcionarios mantienen privilegios. Si la ciudadanía asocia los ajustes con desigualdad o corrupción, el daño político será más profundo que el económico. Históricamente, los gobiernos que aplican medidas de austeridad, sin un relato convincente, pagan un alto costo electoral. En Morelos, la elección de 2027 se librará en un ambiente donde la gente evaluará la gestión no sólo por obras visibles, sino por la sensación de abandono o de injusticia distributiva.
Los partidos con discurso populista encontrarán terreno fértil para ofrecer “rescate” y “apoyo directo”, prometiendo revertir lo que el gobierno quitó. Por su parte, el gobierno estatal deberá explicar que los ajustes fueron necesarios para salvar las finanzas, pero si no logra demostrar resultados tangibles —por ejemplo, reducción de deuda, inversión en seguridad o mejora de servicios— esa narrativa no será creíble. La elección de 2027 podría definirse, más que por ideologías, por percepciones de gestión, por ejemplo sobre quién supo resistir la crisis y quién mostró empatía con la ciudadanía. Hay caminos intermedios que podrían evitar un colapso político y social mediante transparencia total en el gasto, con portales accesibles y auditorías visibles, para que la gente entienda a dónde se fue cada peso, así como buscar y aplicar programas compensatorios, como empleos temporales, capacitación y microcréditos, dirigidos a los municipios más golpeados, además de una comunicación empática, no tecnocrática, explicando los sacrificios sin arrogancia y con cercanía, así como hacer alianzas con la iniciativa privada para mantener proyectos productivos y obra pública local. Si esas estrategias se implementan a tiempo, el gobierno podría convertir la austeridad en una narrativa de responsabilidad, no de abandono. Pero si los recortes se perciben como castigo o improvisación, la factura política será inevitable. El 2026 será, para Morelos, un año de prueba. No sólo para la economía estatal, sino para la relación entre la ciudadanía y sus gobernantes. Un presupuesto reducido puede equilibrar las cuentas, pero también desequilibrar la confianza social. Y esa confianza — más que los números o los discursos— será la moneda decisiva en la elección de 2027. ¿No cree usted?. El próximo viernes 8 de noviembre, desde el Met de New York, La Boheme de Puccini, en el Centro cultural Teopanzolco a las 12 del dia, amigos de la música invita por lo tanto es un evento de calidad , como siempre, no se la pierda.
Vivencias Ciudadanas: El recorte presupuestal en 2026
