En Morelos, hablar del Poder Judicial ya no es hablar de justicia, sino de desorden, de expedientes empolvados, de audiencias que se difieren una y otra vez, de pleitos internos que poco o nada tienen que ver con los ciudadanos.
Hoy, la justicia en el estado no sólo es lenta, está extraviada. Quien haya tenido que pisar un juzgado en los últimos años sabe de lo que hablo. Juicios familiares que duran más que la infancia de un menor, procesos mercantiles que quiebran negocios antes de dictar sentencia, y víctimas que, además del daño original, cargan con el desgaste emocional de un sistema que parece diseñado para cansarlas.
En Morelos, la frase “la justicia tarda, pero llega” suena más a burla que a promesa. El problema no es únicamente la falta de recursos, como suele argumentarse desde los pasillos oficiales. El verdadero cáncer es la desorganización interna y la lucha por el poder dentro del propio tribunal.
Magistrados enfrentados, decisiones administrativas impugnadas y una constante sospecha de politización han convertido al Poder Judicial en un campo de batalla donde el incumplimiento a la ciudadanía es el daño colateral. Mientras jueces y magistrados se disputan el control de áreas clave, los expedientes se acumulan. La justicia se vuelve un trámite interminable y la ley pierde autoridad. Y cuando la ley pierde autoridad, lo que crece no es el orden, sino la impunidad.
La falta de una verdadera carrera judicial es otro de los grandes pendientes. En Morelos, muchos ciudadanos perciben —quién sabe si con razón o sin ella— que no todos los jueces llegan por méritos, sino por relaciones. Esa percepción, en un estado golpeado por la violencia y la desconfianza institucional, es devastadora, porque la justicia no sólo debe ser imparcial, debe parecerlo. A esto se suma una gestión deficiente. Juzgados sin digitalización real, archivos satura dos, personal sobrecargado y poca capacitación. No se trata sólo de cuánto dinero se asigna al Poder Judicial, sino de cómo se administra. La modernización judicial en Morelos avanza con la velocidad de un expediente olvidado en el fondo de un archivero. Las consecuencias de este desorden son graves. En un estado con altos índices de violencia y una economía frágil, un Poder Judicial ineficiente es gasolina para el fuego.
Cuando los ciudadanos dejan de creer en los tribunales, comienzan a buscar soluciones fuera de la ley. Y eso, en cualquier sociedad, es una señal de alerta máxima. La pregunta incómoda es inevitable: ¿a quién le conviene un Poder Judicial débil? Ciertamente no a las víctimas, ni a los pequeños empresarios, ni a las familias que esperan una resolución justa. Un sistema judicial colapsado beneficia sólo a quienes saben moverse en la impunidad. Morelos no necesita discursos ni comunicados triunfalistas.
Necesita orden, transparencia, voluntad real de reforma, evaluaciones públicas, nombramientos claros, digitalización efectiva y una separación auténtica del poder político. Sin eso, cualquier cambio será sólo cosmético. Porque, cuando la justicia se descompone, no se rompe un tribunal, se rompe el contrato social. Y hoy, en Morelos, ese contrato está peligrosamente agrietado. ¿No cree usted?