El desorden que vive el Congreso del Estado y la ilegalidad con la que se maneja nos da a todos y cada uno de los ciudadanos una idea de cómo se gastan más de 400 millones de pesos de nuestros impuestos en un cuerpo colegiado que forma, supuestamente, un poder que representa al pueblo, pero más que nada representa los intereses personales, el de los partidos políticos…; porque de los ciudadanos, que es a quienes se debe, ni se acuerdan.

Por segundo año consecutivo, el Congreso de Morelos ha parado el reloj legislativo ante la falta de acuerdos entre los mismos diputados, quienes se han entrampado en la modificación del paquete presupuestal del Estado, así como en la ampliación presupuestal a los municipios que pretenden aumentar el .

15 por ciento de los gravámenes.

A dos semanas de iniciar el segundo periodo ordinario de sesiones del Segundo Año Legislativo, aún no se vislumbra voluntad para aprobar estos dos temas tan importantes para el desarrollo de distintos programas y brindar servicios municipales, mientras que el primer periodo ordinario sigue abierto y la diputación permanente nunca sesionó.

Luego de ponderar que la detención del reloj parlamentario es “inexistente”, Juan Juárez Rivas, Presidente del Colegio Morelense de Abogados, manifestó que la 54ª Legislatura viola, de modo “flagrante”, la ley, al no aprobar el paquete financiero 2020.

 Sólo un juez puede postergar la fecha límite, “no los diputados” como está sucediendo en este momento en que no se ponen de acuerdo.

La parálisis del Congreso continúa, puesto que aún no hay fecha para el seguimiento de la asamblea.

 La Presidencia de la Mesa Directiva, hasta este momento, no ha emitido la convocatoria para dar seguimiento, lo que viola la ley.

Por lo que Juárez Rivas exigió a los congresistas a que cumplan “cabalmente” con el espíritu de la Carta Magna: “Ellos han sido omisos en aprobar el presupuesto y se sacan de la manga la magia de que ellos pueden aprobar el presupuesto cuando se les antoje…” Empero, “a ellos les concluyó el plazo el 15 de diciembre del año pasado”, argumentó que los integrantes de la 54ª Legislatura “deben garantizar legalidad y seguridad jurídica, en términos de la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos”; en caso contrario, “los abogados iremos a solicitar los juicios políticos correspondientes”, dijo.

Y fue enfático al señalar que “no es posible que los diputados jueguen con los derechos de los ciudadanos; ellos no pueden hacer eso…”.

 Y más: “fueron nombrados, precisamente, para que sean garantes de la Constitución”, de conformidad con el artículo 133, que expone:
“Todo funcionario o empleado público, sin excepción alguna y antes de tomar posesión de su cargo, otorgará la protesta legal de cumplir esta Constitución y las Leyes que de ella emanen, en la forma siguiente: El Gobernador del Estado protestará en los términos siguientes: Protesto, bajo palabra de honor, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y otra emanen, y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de mi encargo, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado, y si no lo hiciere así que la Nación y el Estado me lo demanden”.

 El Presidente del Congreso protestará en iguales términos al instalarse el Congreso.

 “En el mismo acto protestarán ante él los demás Diputados”.

Las violaciones son varias, ya que el artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos señala que, durante los recesos del Congreso, habrá una diputación permanente integrada por lo menos 30 días antes de la clausura del período ordinario correspondiente, y ésta se instalará el mismo día de la clausura.

 Asimismo, en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, se establece que las sesiones de la diputación permanente tendrán lugar “por lo menos una vez a la semana”, y serán convocadas por el Presidente del Congreso o a solicitud de la mayoría de los diputados integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Lo más grave es que, a pocos días de iniciar el segundo periodo de sesiones, los legisladores locales no han convocado a sesión de la diputación permanente, al no haber clausurado el primer periodo ordinario de sesiones ante la presencia el pasado 15 de diciembre de alcaldes, alcaldesas y representantes de 28 municipios, quienes se manifestaron en el Congreso del Estado pidiendo un presupuesto justo ante la extinción del impuesto adicional de las leyes de ingresos municipales considerado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Cómo no quieren que el estado esté desgobernado?, si los diputados son los primeros que violan la ley.

 Delicado y grave.

 ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León / totolavin@outlook.com