En Morelos, el Instituto de la Mujer para el Estado (IMM) ha sido, por años, un espacio fundamental para la defensa, atención y empoderamiento de los derechos de las mujeres. Sin embargo, hoy se encuentra en el ojo del huracán por una razón que trasciende lo administrativo: el Poder Ejecutivo estatal ha puesto sobre la mesa la posibilidad de desaparecerlo. El argumento: presuntas denuncias contra su actual titular, que supuestamente evidencian una crisis interna e inoperancia institucional. Pero la realidad es más compleja, veamos.
Las denuncias, algunas ya formales y otras más bien mediáticas, acusan a la actual presidenta del IMM de irregularidades administrativas, malos tratos laborales e incluso falta de transparencia. De confirmarse, sería lamentable que una institución dedicada a proteger derechos humanos funcione con esa lógica. No obstante, lo preocupante no son solo las acusaciones en sí, sino el uso político que se les está dando.
La reacción del Ejecutivo estatal ha sido inmediata: en lugar de iniciar un proceso de investigación interna o reforzar los mecanismos de control y supervisión, la propuesta fue tajante —eliminar el Instituto y sustituirlo por una “Secretaría de la Mujer”. Esto, que en apariencia podría sonar a un fortalecimiento institucional, es en realidad una forma de recentralizar el poder y restarle autonomía a un organismo que, por su propia naturaleza, debe ser independiente para poder emitir recomendaciones, denunciar omisiones gubernamentales o proponer políticas públicas con perspectiva de género, aunque sean incómodas para el gobierno en turno.
No se trata de defender a personas, sino de cuidar las acciones por parte de las instituciones. La desaparición del IMM no soluciona las posibles irregularidades, sino que las entierra. Y lo que es peor, manda un mensaje de fragilidad institucional: si algo no funciona o no conviene políticamente, se borra de tajo y se crea otra cosa que sí sea “leal” al poder.
Es cierto que desde hace años, el IMM ha enfrentado acusaciones de opacidad, falta de resultados visibles en la lucha contra la violencia de género y escasa vinculación con la sociedad civil. Diversos colectivos feministas han cuestionado su eficacia, y en múltiples ocasiones se ha señalado que el nombramiento de sus titulares responde más a cuotas políticas que a perfiles técnicos o con trayectoria feminista.
Eso no puede negarse. Pero tampoco se puede negar que el IMM ha sido una herramienta valiosa para canalizar denuncias, gestionar refugios para mujeres víctimas de violencia, articular acciones con municipios e incluso para generar diagnósticos sobre desigualdad de género en el estado. Es decir, más allá de sus fallas, eliminarlo sería más perjudicial que benéfico, especialmente si no se garantiza que el nuevo organismo será verdaderamente autónomo, eficiente y feminista.
Una Secretaría de la Mujer puede parecer, en papel, una institución de mayor rango y presupuesto. Sin embargo, al depender directamente del Poder Ejecutivo, pierde la capacidad de emitir opiniones incómodas sin represalias. Su titular será nombrada y removida por la gobernadora, y sus acciones estarán subordinadas a los lineamientos del gabinete estatal.
Las mujeres en Morelos necesitan una institución que las defienda, no una que quede atrapada en la lógica burocrática del oficialismo. Los casos de violencia feminicida, desapariciones, violencia doméstica, precarización laboral y discriminación estructural no se resuelven desde el silencio institucional, sino desde la crítica constructiva, la acción directa y la vinculación ciudadana.
Ante esta situación, la ciudadanía morelense —y en particular las mujeres— no puede permanecer indiferente. Es momento de exigir claridad: ¿cuáles son las acusaciones reales contra la titular del IMM?, ¿qué investigaciones se están realizando?, ¿por qué la salida institucional propuesta es eliminar el órgano y no reformarlo o fortalecerlo?
También es momento de revisar cuál será la figura que lo sustituya, en caso de que el Ejecutivo insista en su desaparición. ¿La nueva Secretaría y su titular garantizará presupuesto suficiente, personal especializado (o por lo menos que tenga algo de experiencia), protocolos de actuación y participación de la sociedad civil? ¿O será solo una oficina decorativa más?
La defensa de los derechos de las mujeres no puede depender de vaivenes políticos. Es fundamental que las organizaciones feministas, las universidades, las abogadas, las trabajadoras sociales y todas aquellas personas interesadas en el bienestar común se mantengan atentas y participativas. No basta con indignarse: hay que incidir.
La solución no es destruir lo que está mal, sino transformarlo desde una visión colectiva y con perspectiva de género. Y eso solo se logra si la ciudadanía toma su papel como contrapeso del poder.
Morelos merece una institucionalidad fuerte, crítica, con enfoque de derechos y cercana a la gente. Y eso no se logra desapareciendo, sino reconstruyendo. Con participación, vigilancia y exigencia ciudadana, sí es posible. ¿No cree usted?
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