Durante décadas, la planta de Nissan en CIVAC fue más que un complejo industrial: representó desarrollo, empleo digno y esperanza para miles de familias morelenses. Generaciones completas encontraron ahí no solo una fuente de ingresos, sino una identidad laboral que puso a Morelos en el mapa de la industria automotriz Nacional. Fue la primera planta de Nissan fuera de Japón, y durante más de medio siglo formó parte fundamental del tejido económico del estado.
Hoy, ese ciclo se cierra abruptamente.
La decisión de Nissan de cerrar su planta en Jiutepec para trasladar la producción a Aguascalientes representa un duro golpe a la economía local. Más de 3 mil empleos directos están en riesgo, y se estima que podrían perderse hasta 9 mil si consideramos a los proveedores, transportistas, pequeños comercios y servicios indirectamente vinculados a la operación de la planta.
Sin embargo, más allá del impacto económico — que ya es suficientemente grave—, lo verdaderamente alarmante es el manejo político y comunicacional del gobierno del Estado frente a este tema. Desde hace meses circulaban versiones sobre la posibilidad del cierre, y en reiteradas ocasiones las autoridades lo desmintieron públicamente. Incluso aseguraron que había diálogo permanente con la empresa y que no existía ningún riesgo real de que Nissan abandonara Morelos.
Ahora, con el cierre confirmado por la propia empresa, queda claro que esas afirmaciones fueron, como mínimo, negligentes. Y en el peor de los casos, una mentira deliberada para evitar el costo político de la verdad.
Este tipo de manejo no solo refleja falta de transparencia, sino también una profunda desconexión entre las decisiones del gobierno y las necesidades reales de la ciudadanía. Enterarse del cierre mediante una videollamada, sin acompañamiento, sin claridad sobre los derechos laborales, ni planes de reubicación o reconversión, es inaceptable. Es tratar a las y los trabajadores como cifras, no como personas con historia, necesidades y familias.
El gobierno ha declarado que enviará una carta a la directiva global de Nissan en Japón solicitando reconsiderar la decisión. Pero esa medida, más que una estrategia seria, parece un recurso de control de daños tardío y simbólico. Nissan ya tiene un plan global de reestructuración, y la salida de Morelos forma parte de esa decisión. Lo que debió hacerse —con tiempo y firmeza— era negociar con visión y respaldo técnico antes de que la planta se colocara en la lista de cierre.
Ahora, el daño está hecho. Pero aún queda por hacer mucho. Y no podemos permitir que esto quede como un hecho aislado o que se normalice el abandono de responsabilidades públicas.
Hoy más que nunca se requiere participación ciudadana organizada. Es indispensable que los trabajadores y trabajadoras reciban lo que en justicia les corresponde: liquidaciones completas, claridad jurídica, y alternativas reales de continuidad laboral. Es fundamental que los proveedores locales y las economías colaterales reciban apoyos concretos, asesoría y herramientas para resistir la crisis que se avecina.
Y es urgente que la sociedad morelense en su conjunto exija cuentas claras al gobierno estatal. ¿Qué negociaciones se hicieron realmente con Nissan? ¿Qué gestiones se llevaron a cabo y por qué fracasaron? ¿Quién asumirá la responsabilidad política por esta pérdida?
La salida de Nissan no debe quedar solo en la memoria como un cierre empresarial más. Debe marcar un parteaguas para replantear el papel del Estado, la función de los gobiernos locales y el poder de la ciudadanía organizada. Si no hay vigilancia social, rendición de cuentas ni exigencia colectiva, este tipo de escenarios se repetirán una y otra vez.
No dejemos pasar esta oportunidad para demostrar que en Morelos hay sociedad, hay dignidad y hay capacidad de respuesta. Que no se trata de llorar por lo perdido, sino de defender lo que aún podemos construir.
Que el cierre de Nissan sea también el inicio de una ciudadanía más crítica, más consciente y más fuerte. ¿No cree usted?