Integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria demandaron ayer justicia para Dulce, la madre de un niño de ocho años de edad, del que fue separada, y ahora se sabe, está muerto, presuntamente como consecuencia de los golpes que su progenitor le habría propinado.

Gabriela Enríquez, integrante del movimiento y quien también acusa la existencia de violencia vicaria en su contra, fue una de las madres que participaron en otra manifestación de protesta, en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en demanda de la custodia legal de sus hijos e hijas.

Dijo que están consternadas y preocupadas por el desenlace que tuvo el caso de Dulce y sus dos hijos, uno de ocho años, quien ahora está muerto, y otro de 12 años, que continúa bajo la custodia del padre.

“Estamos muy indignadas por el caso de esta mamá, de Cuautla, a quien, le quitaron a sus hijos, y por haberle dado la custodia a un papá violentador, (éste) terminó con la vida del niño”, dijo la integrante del Frente.

Gabriela Enríquez y Claudia Jiménez, son dos de los 29 casos de violencia vicaria en Morelos, en los que sus hijos han sido entregados a sus padres violentadores, como lo recordaron ayer en la protesta en la que hicieron visibles otros casos de niñas y niños que han sido separados de sus madres, como Axel, Valery o Romina, a quienes sus madres las siguen buscando y reclamando la custodia legal ante el TSJ.

EL CASO DE DULCE

De acuerdo a lo que la madre, originaria de Cuautla, relató a medios locales de Celaya, donde ocurrió la muerte de su hijo, un juez de Guanajuato le negó la guarda y custodia de los niños al intentar recuperarlos, después de haberle pedido al progenitor que los cuidara por un corto periodo, en 2022.

El pasado 8 de mayo, el niño fue llevado a un hospital privado porque no respiraba y pese a que presuntamente su cuerpo presentaba golpes y moretones, el certificado de defunción consignó que se trató de un suicidio.

La madre, además de exigir ahora justicia por la muerte de su menor hijo, demanda a las autoridades de aquel estado le devuelvan la guardia y custodia de su hijo mayor, de 12 años de edad, quien continúa viviendo con el padre y la pareja de éste.

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