En un escenario caótico, el recién declarado municipio de Villa de Pozos en San Luis Potosí se encuentra enfrentando graves problemas apenas en su segundo día de existencia. Con más de 150 mil habitantes en la incertidumbre, la falta de cuerpos de seguridad y servicios básicos es evidente, dejando a la población en una situación de vulnerabilidad extrema.
Sin ley y sin autoridad
Ricardo Gutiérrez Ortega, uno de los líderes de la iniciativa de municipalización, lamentó que todas las oficinas para realizar trámites estén cerradas y que incluso el acceso a la Delegación Municipal esté restringido por personal de seguridad. La ausencia de patrullajes tanto de la policía local como de la Guardia Civil Estatal ha dejado a Villa de Pozos convertido en un pueblo sin ley ni autoridad efectiva.
La diputada Gabriela Martínez Lárraga criticó duramente el proceso legislativo que condujo a la municipalización apresurada de Villa de Pozos, subrayando que la decisión unánime del Congreso del Estado ha dejado a los habitantes desamparados. Martínez Lárraga denunció la falta de contrapeso en el Congreso, señalando que el poder ejecutivo ha ejercido una influencia determinante en la aprobación del decreto, ignorando las discrepancias y advertencias sobre las irregularidades del proceso.
A pesar de la situación crítica, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, anunció la continuación de servicios básicos y patrullajes como un acto humanitario hacia los residentes de Villa de Pozos, aunque no existe obligación legal para hacerlo.
Este desastroso inicio de Villa de Pozos como municipio parece que no anticiparon los problemas estructurales y administrativos que podrían tener para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La falta de planificación y la precipitación en la transición han dejado al descubierto graves deficiencias que deben ser atendidas de manera inmediata para evitar mayores complicaciones y riesgos para la población.
