El Congreso del Estado de Morelos respaldó la iniciativa legislativa de la diputada Jazmín Solano López que busca facultar a los municipios para contratar créditos destinados a obras de infraestructura social, donde podrán utilizar hasta el 25% de los recursos que reciben del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) como fuente de pago.
La propuesta fue presentada durante la sesión ordinaria de este jueves por la presidenta de la Mesa Directiva, Jazmín Solano, acompañada de los coordinadores de todos los grupos y fracciones parlamentarias, lo que reflejó consenso político en torno al tema.
La iniciativa plantea un decreto de carácter general que autorice a los 36 municipios del estado a acceder a uno o varios financiamientos con instituciones de crédito del sistema financiero mexicano. La medida busca dotar a los gobiernos municipales de herramientas legales y financieras para enfrentar la creciente demanda de servicios básicos y obras públicas.
El objetivo, según la propuesta, es ampliar la capacidad de inversión pública en rubros prioritarios como agua potable, drenaje, electrificación, urbanización, vivienda, salud y educación. También se contempla la creación de un fideicomiso con recursos recuperables para apoyar la implementación del esquema.
Con esta autorización, municipios como Cuernavaca podrían obtener más de 40 millones de pesos en una sola exhibición, mientras que localidades con menores ingresos como Tetecala podrían recibir alrededor de cuatro millones. A la fecha, más de diez ayuntamientos, entre ellos Jiutepec y Puente de Ixtla, han manifestado por escrito su interés en acceder a este tipo de financiamiento.
La propuesta destaca que esta alternativa de financiamiento, garantizada con recursos del FAIS y avalada por los respectivos cabildos, representa una opción viable para municipios con limitadas capacidades recaudatorias. El Congreso subrayó que la contratación de créditos será completamente voluntaria y dependerá de la decisión de cada ayuntamiento.
De aprobarse, el decreto permitiría a los municipios negociar las condiciones de los créditos —monto, destino, plazos y términos— con base en sus necesidades y capacidades, bajo un marco legal que asegure transparencia y rendición de cuentas.
Salvador Rosas / salvador.rosas@diariodemorelos.com