En el mundo, 16 países reconocen el derecho a la muerte asistida, ya sea por disposición legal o mediante criterios jurisdiccionales y jurisprudenciales. Dos más —Francia y Reino Unido— discuten actualmente el tema, y todo indica que la propuesta prosperará, afirmó Diego Valadés Ríos, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
El proceso de legalización es reciente: el primer caso se registró en Oregón, Estados Unidos, en 1998, y el resto a partir del 2000. “El orbe se está moviendo en ese sentido”, recordó Valadés.
En México, aunque ha habido resistencias, se avanzó en la regulación de voluntades anticipadas, que hoy están contempladas en la mayoría de las legislaciones estatales. Además, la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 6º, establece:
“Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna”.
Para Valadés, abrir y discutir el tema con libertad es un avance. “Lo mejor que podemos hacer es plantear a la sociedad que esta es una elección libre —a nadie se le impone la eutanasia—, que cuenta con protocolos rigurosos para evitar desviaciones, enmascaramiento de homicidios o que personas con cuadros depresivos recurran a ella como salida”, subrayó.
Agregó que la dignidad es un elemento esencial de la personalidad: “Todo ser humano tiene derecho a una vida digna, y eso nadie lo puede contradecir. Cuando alguien enferma, pierde salud y dignidad, pero el Estado y la sociedad le imponen el deber de vivir, aunque desde su perspectiva ya no tenga sentido”.
Por su parte, María de Jesús Medina Arellano, también académica del IIJ, destacó la importancia de anticipar decisiones sobre tratamientos en situaciones críticas. “Existen recursos como la sedación terminal, detener tratamientos o no intervenir con respiradores”, explicó. En países como Holanda, algunas personas incluso se tatúan “do not resuscitate” para evitar complicaciones familiares.
Medina recordó que la Ley General de Salud y legislaciones locales protegen las voluntades anticipadas, permitiendo limitar el esfuerzo terapéutico y optar por cuidados paliativos para morir en casa. “Tenemos la responsabilidad de hablar con nuestros seres queridos sobre cómo queremos y cómo no queremos vivir”, enfatizó.
