Mazatepec.- En las callesde la colonia Justo Sierra, en el corazón de Mazatepec, una escena digna de una novela de realismo mágico se desplegó la mañana del martes: una multitud de vecinos, armados sólo con su indignación y solidaridad, formó un escudo humano para proteger a Doña Nicolasa, una mujer de 78 años, de ser arrojada a la calle por su propia sangre. La orden judicial, un frío pedazo de papel que amenazaba con despojarla de la casa donde ha vivido toda su vida, fue promovida por su nieta, quien –según denuncias de los residentes– habría falsificado documentos para apoderarse de la propiedad.
Este no es sólo un conflicto familiar; es un grito de alerta sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores en México, donde el despojo se ha convertido en una epidemia silenciosa, alimentada por la codicia y la impunidad.
La avenida Coatetelco, una arteria modesta flanqueada por casas humildes y talleres locales, se convirtió en el epicentro de la resistencia. Doña Nicolasa, una figura frágil pero resiliente, con arrugas que narran décadas de trabajo y sacrificio, fue llevada hace meses a Cuernavaca por su nieta y bisnieta bajo el pretexto de cuidarla. Pero lo que parecía un acto de piedad familiar se reveló como una trampa: durante su ausencia, los documentos de la propiedad desaparecieron, y las escrituras aparecieron mágicamente a nombre de la nieta. "La señora Nicolasa dice que nunca firmó nada. Creemos que falsificaron su firma y cambiaron las escrituras", relataron los vecinos en un coro de voces airadas, mientras el actuario judicial y la nieta comenzaban a sacar muebles y enseres personales a la calle.
La tensión escaló rápidamente. Imagínese la escena: una anciana desconcertada, rodeada de cajas con sus recuerdos de una vida entera –fotos amarillentas, ropa raída, utensilios de cocina que han alimentado generaciones–, mientras un representante de la ley, respaldado por la nieta, ejecutaba el desalojo. Pero los vecinos no se quedaron de brazos cruzados. "¡No la toquen! ¡Esta es su casa!", gritaban mientras formaban una barrera humana. Videos capturados por testigos en redes sociales muestran el momento: una multitud creciente, desde jóvenes madres hasta ancianos con bastones, confrontando a la autoridad con argumentos morales en lugar de legales. Uno de los clips, compartido en Facebook, captura el apoyo unánime: "El pueblo unido", reza el pie de foto, mientras los residentes ayudan a reingresar las pertenencias de Doña Nicolasa.
La intervención de las autoridades locales fue crucial, pero tardía. Elementos de la Policía Municipal llegaron para contener la posible riña, y pronto se sumó el presidente municipal, Gilberto Orihuela Bustos, quien medió en el conflicto. "Se trata de un procedimiento judicial en curso, pero al ver la oposición vecinal, se decidió suspender momentáneamente la diligencia. Aunque se trata de un asunto familiar, se buscará apoyar a la señora Nicolasa", declaró el alcalde, reconociendo la injusticia inherente en el caso.
Finalmente, la nieta y el actuario se retiraron, derrotados por la presión comunitaria. Doña Nicolasa, con lágrimas en los ojos, volvió a entrar en su hogar, asistida por los mismos vecinos que la habían defendido.
Esta victoria temporal no oculta la profunda injusticia que subyace. En México, el despojo de propiedades a adultos mayores es una plaga que se ha intensificado en los últimos años. Según datos de fiscalías estatales, casos similares han explotado en entidades como el Estado de México y Morelos, donde familias vulnerables son víctimas de fraudes documentales y disputas hereditarias manipuladas. Recuérdese el emblemático caso de Doña Carlota en Chalco, donde una anciana, harta de la impunidad, tomó la justicia por su mano tras ser despojada de su hogar –un eco trágico que resuena aquí.
En Morelos, el Código Penal castiga el despojo con hasta 10 años de prisión, pero la lentitud judicial y la corrupción permiten que muchos culpables evadan la ley. Expertos en derechos de los ancianos, como abogados del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), advierten que estos abusos son formas de violencia familiar encubierta, exacerbadas por la pobreza y la falta de apoyo legal gratuito.Doña Nicolasa no es una estadística; es una símbolo de resiliencia. Nacida y criada en Mazatepec, viuda y madre de familia, ha visto cómo su municipio –conocido por sus tradiciones agrícolas y su comunidad unida– se transforma bajo presiones económicas. Su casa no es sólo ladrillos y techo; es el legado de una vida de esfuerzo, ahora amenazado por la avaricia de quienes deberían protegerla. "Es una vergüenza que una nieta haga esto a su abuela", comentó un vecino anónimo en un video viral, reflejando el sentimiento colectivo.
Y sin embargo, en medio de la oscuridad, brilla la luz de la solidaridad: los vecinos de Justo Sierra demostraron que, cuando las instituciones fallan, el pueblo puede imponer justicia.
Pero el caso no termina aquí. Fuentes cercanas indican que el procedimiento judicial continúa, y Doña Nicolasa podría enfrentar más audiencias. Organizaciones como el DIF Morelos y defensores de derechos humanos han sido alertados, y se espera una investigación profunda sobre la presunta falsificación de firmas. Esta historia denuncia no sólo un despojo familiar, sino un sistema que permite que los vulnerables sean pisoteados.
¿Cuántas Doña Nicolasas hay en México, esperando que un vecino levante la voz?
En Mazatepec, hoy el pueblo ganó una batalla. Mañana, podría inspirar una revolución contra la injusticia. Porque, como dijo un residente: "Si no nos unimos, ¿quién nos defenderá?".