Las democracias no se sostienen únicamente en la celebración periódica de elecciones, sino en la solidez de las instituciones que organizan la vida pública y median la relación entre el poder y la ciudadanía. Es cierto que el ejercicio del poder desgasta, pero no se trata de un fenómeno reciente ni atribuible a una sola persona o administración; a pesar de ello, gobernar exige seguir haciendo política. La apatía y el hartazgo suelen ser el resultado acumulado de décadas de promesas incumplidas, impunidad persistente, debilidad en la rendición de cuentas y una progresiva transgresión de los principios que deberían guiar a la política.
El ejercicio del poder, por definición, genera desgaste: gobernar implica tomar decisiones difíciles, administrar conflictos y enfrentar expectativas en ocasiones adversas. Sin embargo, esa tensión no puede convertirse en pretexto para la renuncia tácita al liderazgo político, menos aún en un año preelectoral. Conforme se acercan las elecciones intermedias de 2027, la competencia política tenderá a intensificarse, desplazando el debate público hacia la confrontación, el disenso mecánico y la inmediatez del cálculo electoral por encima de la planificación estratégica. En este contexto, el riesgo no es solo la polarización discursiva, sino el resquebrajamiento institucional que condiciona la gobernabilidad y limita la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones básicas. Cuando el liderazgo se diluye y el poder se reduce a la administración defensiva del día a día, los actores políticos y las instituciones quedan expuestas, perdiendo capacidad de articular intereses, ordenar conflictos y construir consensos.
En un entorno de desconfianza institucional, el ciudadano duda de la justicia, de la autoridad y de la eficacia gubernamental; la autoridad, a su vez, recela del ciudadano; y la sociedad se ve atrapada en una dinámica de sospecha mutua que debilita los vínculos cívicos. Cuando esta desconfianza se vuelve estructural, el cumplimiento de las reglas deja de percibirse como un deber compartido y la legitimidad democrática se erosiona.
Frente a este escenario, el reto central es reconstruir el pacto de corresponsabilidad que otorga sentido y legitimidad a las instituciones, tarea inseparable de un liderazgo político dispuesto a asumir costos, explicar decisiones y sostener proyectos de manera conjunta entre sociedad y gobierno, más allá de la coyuntura electoral, etapa en la que cualquier tema puede ser percibido como cosmética política, frágil y transitoria. Reconstruir el pacto democrático exige reconocer que la legitimidad no se decreta ni se agota en el respaldo electoral: se construye y fortalece de manera cotidiana a partir de la capacidad de resolver problemas concretos y mantener cercanía con la ciudadanía. Legitimidad y liderazgo político son, por tanto, componentes indisolubles para una gobernanza eficaz. En el caso de las gubernaturas y presidencias municipales, estos cargos no pueden concebirse únicamente como administradores de recursos o ejecutores de políticas públicas. Son, o deberían asumirse plenamente, como líderes políticos en sus territorios, dentro del marco normativo, pero sin desentenderse de los institutos políticos ni de las bases sociales que los llevaron al poder. Deben conducirlas, articularlas y encauzar sus demandas dentro de marcos institucionales claros. La neutralidad aparente o el exceso de “sana distancia” en tiempos de golpeteo político y antesala electoral suele traducirse en vacío de liderazgo.
Fortalecer la vinculación social es una tarea eminentemente incluyente que no puede edificarse ignorando las brechas territoriales, las demandas históricas de los pueblos originarios, la desigualdad de género ni la exclusión de sectores juveniles. Cuando vastos grupos sociales permanecen al margen, la institucionalidad se vuelve frágil y el liderazgo pierde capacidad y legitimidad.
México entrará muy pronto al periodo preelectoral. El 2026 será un punto de inflexión: el desgaste es inevitable, pero la renuncia al liderazgo no lo es. O se recompone el vínculo entre ciudadanía, instituciones y conducción política, o se profundizará la fragmentación que comprometerá la gobernabilidad. No se trata de una consigna partidista, sino de una condición estructural para el desarrollo democrático.
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