La reforma constitucional propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum es un paso firme en la defensa de la Soberanía Nacional frente a cualquier intento de intervención extranjera. En un contexto donde Estados Unidos ha designado como terroristas a seis cárteles mexicanos, la iniciativa busca reforzar la independencia de México y evitar acciones unilaterales en su territorio sin la autorización del Estado mexicano.
Es innegable que el crimen organizado es un problema que afecta a ambas naciones. Sin embargo, la designación de estos grupos como terroristas por parte de Estados Unidos abre la puerta a posibles intervenciones militares disfrazadas de cooperación, como lo sugirió Elon Musk al plantear el uso de drones para atacarlos. Ante esto, Sheinbaum ha sido clara: la colaboración es bienvenida, pero la soberanía no es negociable. No se trata de negar la crisis de seguridad ni de evadir responsabilidades, sino de garantizar que cualquier acción en suelo mexicano se realice bajo el marco de la ley y con pleno respeto a nuestra autodeterminación.
La reforma plantea modificaciones al artículo 40 constitucional para establecer que México no aceptará injerencias que vulneren su integridad territorial, ya sea a través de golpes de Estado, intromisiones electorales o violaciones del espacio aéreo, marítimo o terrestre. Además, en el artículo 19 se propone la imposición de la pena más severa y prisión preventiva oficiosa a quienes, sin autorización, realicen investigaciones o persecuciones dentro del país. Estas medidas buscan evitar que agencias extranjeras actúen sin control en el territorio nacional, un fenómeno que en el pasado ha generado tensiones y cuestionamientos sobre la soberanía mexicana.
Los críticos de la iniciativa argumentan que esta postura protege al crimen organizado, cuando en realidad lo que protege es el derecho de México a decidir cómo y con quién enfrenta sus problemas de seguridad. No hay que confundir la AAA con la LLL, digo, la gimnasia con la magnesia: la autonomía, autodeterminación y autoridad del Estado mexicano no pueden ser vistas como sumisión, sino como principios fundamentales de una nación que se respeta a sí misma.
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