La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por improcedente la controversia constitucional promovida por Juan Gabriel Vargas Téllez, quien se ostentaba como presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos.
El reclamo principal del promovente fue que los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado, así como la Fiscalía General de Morelos, se negaron a reconocer su nombramiento como presidente del Tribunal, efectuado en una Sesión Extraordinaria de Pleno el 19 de marzo de 2025. Vargas Téllez denunció también la toma de instalaciones judiciales por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de Seguridad, actos que calificó como inconstitucionales.
La razón del desechamiento: falta de legitimación
La ministra instructora Lenia Batres Guadarrama resolvió que Vargas Téllez no acreditó la representación legal para interponer la demanda. Se determinó que su designación como presidente fue realizada en una sesión que no cumplió con el quórum legal establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos, al no alcanzar las dos terceras partes de los magistrados.
El Pleno inició con quórum, pero tras el retiro de varios magistrados, la designación de Vargas Téllez se aprobó únicamente con 11 votos de 22 posibles, lo que invalidó el acto conforme a la normatividad vigente.
La pugna por el control del Tribunal Superior de Justicia
El conflicto se enmarca en una disputa interna por la dirigencia del Tribunal, donde facciones contrarias protagonizan enfrentamientos legales y operativos. Vargas Téllez acusó la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Juan Jesús Salazar Núñez, señalando la irrupción armada en las oficinas del Palacio de Justicia en Cuernavaca como un acto de imposición.
La SCJN cierra el caso: improcedente por norma
La Suprema Corte, a través del acuerdo firmado digitalmente el 29 de abril, enfatizó que la falta de legitimación procesal es motivo manifiesto de improcedencia, dado que la controversia no fue promovida por un representante legalmente facultado. Por tanto, se desechó de plano la demanda y se archivó el expediente como asunto concluido.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia continúa bajo la presidencia de Luis Jorge Gamboa Olea, quien no fue destituido oficialmente en términos legales.