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CUERNAVACA, MORELOS.- Empresarios restauranteros aplaudieron el veto presidencial a la Ley 3de3 que pretendía obligar a la iniciativa privada a cumplir con un sistema de transparencia y rendición de cuentas diseñado, originalmente, para abatir la corrupción en el ámbito de la administración pública.
El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Ángel Adame Jiménez, recordó que la iniciativa ciudadana, impulsada por las cámaras empresariales, fue pensada para que los funcionarios públicos y los que llegaron a un cargo por el voto popular, tienen que presentar sus declaraciones, patrimonial, de interés y fiscal.
El propósito de la iniciativa fue contribuir al abatimiento de la corrupción que prevalece en la administración pública con mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas de los servidores, subrayó el empresario.
Sin embargo, en un exceso del legislativo, la iniciativa se extendió a los empresarios y sus trabajadores por el hecho de tener una relación económica con la administración pública.
Ángel Adame agregó que a los legisladores federales se les olvidó que la iniciativa privada ya rinde declaraciones sobre sus actividades económicas, a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Por lo anterior, haberlos incluido en la declaración 3de3 fue un acto que, incluso, puede calificarse de venganza, señaló el dirigente camaral, por haber sido los principales promotores de la rendición de cuentas más estricta de los funcionarios públicos.
“La hicieron con regreso para los empresarios, en el sentido de que todos los que sean proveedores de gobierno tendrán también que presentar declaración”,
señaló.
La ley aprobada en esos términos por el Congreso de la Unión fue vetada el jueves por el presidente Enrique Peña Nieto, que hizo observaciones en relación a la queja del sector privado.
Adame Jiménez lamentó que las observaciones que el Ejecutivo federal hizo a la reforma no hayan atendido en su conjunto la inconformidad con su contenido final, luego de que pretende mantenerse la opacidad en los formatos de las declaraciones.
Indicó que el gobierno federal en turno no entendió el mensaje que la ciudadanía le envió el pasado 5 de junio en las urnas, precisamente por su negativa a cumplir con el Sistema Nacional Anticorrupción.

"La hicieron con regreso para los empresarios, en el sentido de que todos los que sean proveedores de gobierno tendrán también que presentar declaración.” Ángel Adame, vicepresidente de Canirac

Se espera contenido original
El contenido de la ley se debilitó porque la propuesta ciudadana fue modificada por los propios legisladores.

Art. 29
Servidores públicos estarían obligados a presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

Añadido
Los legisladores añadieron: “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales”.

Inconformes con el art. 32
La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) replicó en Morelos la postura de sumarse a las acciones legales que a nivel federal se interpongan por las imprecisiones en torno a la Ley 3de3, derivado de la posición que fijó la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales  de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).
Alejandro Uribe García, representante local de la Canaco, dijo que el sector empresarial se siente satisfecho con su participación y los avances que tiene la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para combatir esta arraigada práctica, con la aprobación de las siete iniciativas que lo integran.
Pero expresó la inconformidad del sector privado con la decisión de los legisladores federales de adicionar el artículo 32 de la ley en el último minuto de su discusión, para incluir a las personas físicas y morales, que reciban recursos públicos o contraten con el gobierno, entre las que están obligadas a presentar la declaración patrimonial y de interés.
Uribe García añadió que a nivel nacional, Concanaco ya analiza las acciones legales que se puedan promover contra la afectación que implica para los particulares y sus empresas, incluso, dijo que no descartan la promoción de amparos masivos.

 

 

Por: ANTONIETA SÁNCHEZ /  antonieta.sanchez@diariodemorelos.com