CUERNAVACA, MORELOS.- Morelos se convirtió ayer en el séptimo estado de la República en cumplir con la aprobación de su nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; un ordenamiento que obliga con mayor rigor a los sujetos obligados a transparentar sus actividades y sobre todo el uso que dan al dinero público con el que operan; asimismo, ofrece más herramientas jurídicas a los ciudadanos para obligar a los funcionarios a entregarles información pública de oficio, entre otras cosas.
La iniciativa de ley fue propuesta por el diputado Enrique Laffitte Bretón quien ayer, desde la tribuna destacó el hecho de que Morelos esté dentro de los diez primeros estados que atendieron la obligación de armonizar su marco jurídico en materia de transparencia con la nueva ley federal que entró en vigor a principios de mayo de 2015.
Entre otros temas, la actualización de la ley local le permitirá al estado incorporarse a la nueva Plataforma Nacional de Transparencia, en la que los ciudadanos podrán acceder a la información pública de cualquier dependencia o instancia de gobierno obligada a contar con un portal.
Aumenta el número de obligaciones de transparencia comunes para todos los sujetos y el número de esto también incrementa, al incluirse a los sindicatos y las asociaciones que reciban recursos públicos.
Además, la nueva ley regula los medios de impugnación de los ciudadanos cuando una dependencia se niegue a proporcionar información solicitada e incluso le concede el derecho de llevar su queja hasta el INAI.
Enrique Laffitte Bretón destacó que en materia de sanciones, se establecen multas más severas para quien no dé respuesta a las solicitudes de información; actué con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes; incumpla los plazos de atención; use, sustraiga, divulgue, oculte, altere o inutilice la información que se encuentre bajo custodia de los sujetos obligados.
La comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), dependencia que será responsable de hacer cumplir la nueva ley, Mireya Arteaga Dirzo, coincidió con el diputado iniciador en que de las cosas de mayor relevancia del nuevo ordenamiento, están los mecanismos de apremio y sanción para los servidores públicos que se nieguen a acatar la ley. 

"Habrá certeza y transparencia al cien por ciento en materia de nóminas, porque la ley así lo establece y ya no habrá pretextos para que haya sujetos obligados que pretendan burlar la norma con amparos u otras prácticas.”
Enrique Laffitte Bretón,  diputado local PRD

Por: ANTONIETA SÁNCHEZ / [email protected]
 

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