Saltillo.- En un eco perturbador de abusos policiales que parecen no encontrar cierre definitivo, un video grabado en agosto de 2023 ha resurgido en las redes sociales, desatando una ola renovada de indignación colectiva. Las imágenes muestran a dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) irrumpiendo en el taller de un herrero, Osvaldo Garza Covarrubias, sometiéndolo a golpes mientras estaba esposado, amenazándolo con un arma y robándole 25 mil pesos, todo frente a su hija menor que padece epilepsia. Aunque el incidente no es nuevo, su recirculación en plataformas como X (anteriormente Twitter) ha revivido el debate sobre la impunidad en las fuerzas de seguridad mexicanas, recordando que, dos años después, las víctimas siguen esperando justicia plena y las autoridades, respuestas concretas.
El caso, que inicialmente conmocionó a la opinión pública en 2023, ilustra un patrón recurrente de abuso de autoridad en México, donde según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 14.3% de la población mayor de 18 años reportó haber sido víctima de actos de corrupción por parte de autoridades en 2023, con un enfoque particular en extorsiones y violencia por parte de elementos policiales.
Pero más allá de las estadísticas, esta historia humana –de un trabajador honesto acusado injustamente y brutalizado en su propio espacio– ha tocado fibras sensibles, generando llamados a reformas estructurales en el sistema de justicia.
Un patrón de abusos en Coahuila
Coahuila, un estado fronterizo con una historia marcada por la violencia del crimen organizado y esfuerzos por modernizar sus instituciones de seguridad, no es ajeno a escándalos policiales. En los últimos años, la FGE ha enfrentado críticas por casos de tortura y extorsión, como el reportado en 2022 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, que documentó al menos 35 quejas por abuso de autoridad solo en Saltillo. El incidente con Garza Covarrubias se inscribe en este panorama, exacerbado por la percepción de que muchos agentes actúan con impunidad, amparados en operativos supuestamente contra el narcomenudeo.
Según expertos en derechos humanos consultados, como el activista y abogado Héctor Enríquez Lázaro –quien representó a la víctima–, estos abusos responden a una cultura de "resultados a toda costa" en las fiscalías estatales, donde los agentes buscan cuotas de detenciones o extorsiones para complementar salarios precarios. "En Coahuila, como en muchas partes de México, la policía ministerial a menudo opera en un vacío legal, entrando sin órdenes judiciales y usando la violencia como herramienta de intimidación", explica Enríquez en una entrevista exclusiva. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado patrones similares a nivel nacional, donde el 60% de las denuncias por tortura involucran a fuerzas estatales o federales.
El caso también resalta vulnerabilidades sociales: Garza Covarrubias, un herrero de 45 años en ese momento, operaba un taller modesto en la colonia Loma Linda de Saltillo, un barrio obrero donde la presencia policial es frecuente pero a menudo controvertida. Su familia, incluyendo una hija con epilepsia, dependía económicamente de su trabajo, lo que agravó el impacto del robo y la agresión.
¿Qué ocurrió exactamente?
El incidente tuvo lugar el 9 de agosto de 2023, alrededor de las 14:26 horas, en el taller de herrería y reparación de electrónicos de Osvaldo Garza Covarrubias. Según el video de seguridad –de casi tres minutos de duración–, dos agentes de la AIC irrumpieron sin orden de cateo, alegando una revisión rutinaria por sospecha de narcomenudeo. Encontraron una pequeña cantidad de sustancias que Garza aseguró eran medicamentos controlados para el tratamiento de su hija, quien sufre convulsiones.
Las imágenes son crudas: Garza, vestido con una camiseta azul de los Charlotte Hornets y una gorra negra, es esposado y arrojado al suelo. Uno de los agentes, con uniforme blanco y pantalón beige, lo golpea repetidamente en la espalda, la cabeza y el cuello, mientras lo insulta y amenaza con un arma larga. "Cállese a la v...", grita el agente, ignorando los ruegos de Garza: "Oiga a la niña, le dan convulsiones". La hija menor, testigo involuntaria, grita en el fondo, añadiendo una capa de horror emocional. El segundo agente, enmascarado y armado, revisa el taller y se apodera de 25 mil pesos en efectivo –producto de ventas recientes–, sin registrar nada formalmente.
Garza no fue detenido; los agentes lo liberaron tras la extorsión, aparentemente satisfechos con el botín. El herrero, con moretones y trauma psicológico, acudió inmediatamente a un abogado. "Me sembraron droga para justificar el robo y la golpiza", declaró Garza a medios locales en 2023, negando cualquier vínculo con el narcotráfico.
Las consecuencias: suspensión de agentes, investigación estancada y daños a la víctima
La FGE reaccionó rápidamente ante la viralización inicial del video en agosto de 2023: el 10 de agosto, suspendió a los dos agentes involucrados y abrió una carpeta de investigación por abuso de autoridad, robo, tortura y allanamiento de morada. La dependencia emitió un comunicado asegurando "todo el apoyo a la víctima para garantizar su seguridad" y prometiendo una indagatoria exhaustiva a través de su Contraloría Interna.
Sin embargo, dos años después, no hay actualizaciones públicas sobre el estatus de los agentes. Fuentes cercanas a la FGE, consultadas anónimamente, indican que la investigación se estancó en fases administrativas, sin cargos penales formales. Enríquez Lázaro, el abogado de Garza, reveló en 2023 que la víctima fue "condicionada" por la FGE a retirar la denuncia a cambio de reparación de daños, lo que sugiere un intento de encubrimiento interno.
Para Garza, las repercusiones fueron devastadoras: además del robo, sufrió lesiones físicas y estrés postraumático, afectando su negocio. Su hija experimentó un agravamiento de sus convulsiones debido al trauma. "Perdí clientes por el miedo; la gente piensa que estoy involucrado en algo ilegal", dijo Garza en una declaración de 2023. No se reportan compensaciones oficiales, y la familia ha dependido de apoyo comunitario.
Dos años después, el video vuelve a viralizarse
Aunque el caso se enfrió en los medios tradicionales, el 21 de agosto de 2025 –exactamente dos años después–, el video resurgió con fuerza. Cuentas como
@ExtraMorelos y @QuePocaMadre_Mx lo compartieron, acumulando miles de vistas, likes y reposts en horas. "REVIVEN AGRESIÓN DE MINISTERIALES A UN HERRERO", tituló @ExtraMorelos, destacando cómo la "siembra" de droga y la brutalidad han causado "indignación en redes". @QuePocaMadre_Mx, detalló: "ABUSAN DE SU PODER, R0BAN Y G0LP3AN A UN HERRERO", llamando a las autoridades estatales.
En Facebook y otros sitios, menciones esporádicas –como en grupos locales de Saltillo– han amplificado el eco, con usuarios comparándolo a casos recientes de abuso policial en México. "Esto pasó hace dos años y nada ha cambiado; ¿dónde está la justicia?", escribió un usuario en un post viral. Expertos en redes sociales atribuyen el revival a algoritmos que priorizan contenido de indignación, especialmente en un contexto electoral donde la seguridad es tema central.
Voces diversas han emergido: activistas como Enríquez exigen reabrir el caso; la FGE, declinó comentar, citando "investigación en curso". Usuarios en X, como
@VanBuytenizado, condenan: "Son unos enfermos de mierda, no buscaban asustarlo, buscaban matarlo". Incluso voces conservadoras, como en foros de Facebook, piden mano dura contra la corrupción policial.
Voces y Perspectivas: De la Víctima a los Expertos
- La Voz de la Víctima: Osvaldo Garza, en declaraciones de 2023, describió el terror: "Me golpearon como a un criminal, frente a mi hija. Perdí todo por nada". Hoy, su familia prefiere el anonimato, temiendo represalias.
- Autoridades: La FGE insiste en su comunicado de 2023 en "transparencia", pero la falta de avances genera escepticismo. El gobernador Manolo Jiménez Salinas, en un evento reciente, alabó el "modelo de seguridad" de Coahuila, sin mencionar casos específicos.
- Expertos y Activistas: María Elena Morera, de Causa en Común, comenta: "Estos revivals en redes son un recordatorio de que la impunidad persiste; necesitamos reformas como cámaras corporales obligatorias". La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila ha registrado quejas similares, urgiendo investigaciones independientes.
- Opinión Pública: En redes, el consenso es de rabia. Un usuario en X resumió: "Dos años y nada; esto es México". Pero hay matices: algunos defienden a la policía, argumentando "contexto de narcotráfico", aunque sin evidencia en este caso.
Hacia un Futuro sin Impunidad
Este caso no es sólo nostalgia viral; es un llamado a acción. En un México donde la confianza en la policía ronda el 40% según encuestas del INEGI, casos como el de Garza Covarrubias subrayan la necesidad de tomar acciones contundentes. ¿Servirá esta ola de indignación para presionar por justicia? Sólo el tiempo –y la presión social– lo dirá. Mientras tanto, el herrero de Saltillo sigue soldando, pero con cicatrices que no se borran.