Autoridades del Sistema Penitenciario de Morelos pusieron en marcha una campaña preventiva en los Centros de Reinserción Social (CRS) y en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), dirigida a familiares y visitantes de Personas Privadas de la Libertad (PPL), con el objetivo de advertir que ingresar teléfonos celulares o dispositivos electrónicos de manera ilegal constituye un delito y se castiga con cárcel.
La medida se enmarca en la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, bajo el argumento de que el uso de equipos de comunicación dentro de los penales puede facilitar actividades delictivas, entre ellas llamadas de extorsión, por lo que la campaña busca reducir el ingreso de aparatos mediante un mensaje directo al exterior de los inmuebles.
Como parte de la difusión, se colocaron lonas informativas en los cinco Centros de Reinserción Social del estado y en el CEMPLA, donde se advierte sobre la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigente desde el 28 de noviembre de 2025. En particular, se cita el artículo 23, que contempla penas de seis a 12 años de prisión, además de multa, para quien introduzca o intente introducir sin autorización dispositivos que permitan transmisión de voz, datos, geolocalización o imágenes.
En el contexto de estas acciones, las autoridades recordaron un caso ocurrido durante visita familiar el 27 de diciembre en el CERESO Varonil “Morelos”, en Atlacholoaya, donde una mujer de 62 años, identificada como María Elena “N”, fue detectada ocultando dos teléfonos celulares. Posteriormente, fue vinculada a proceso, se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria y se le dictó prisión preventiva.
Las autoridades estatales señalaron que este tipo de campañas buscan inhibir prácticas de contrabando dentro de los centros penitenciarios y reforzar la vigilancia, particularmente en rubros vinculados con delitos de alto impacto como la extorsión.
