Tras la aprobación de la reforma al artículo segundo de la Constitución Política por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que reconoce a las comunidades indígenas y afrodescendientes como sujetos de derechos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) consideró que la propuesta representa un avance significativo para estas comunidades, aunque aún persisten varios derechos pendientes.
“La implementación de esta reforma permitirá que los propios pueblos indígenas puedan defender directamente sus tierras, territorios y derechos políticos, lingüísticos, entre otros. Es una deuda pendiente desde hace años, y una lucha que tiene sus antecedentes en la década de los 90”, afirmó José Martínez Cruz, integrante de la CIDHM.
La cámara baja aprobó el dictamen de esta reforma el pasado 18 de septiembre, con 492 votos a favor y ninguno en contra. En este contexto, Martínez Cruz recordó: “En 1992, los pueblos demandaban que no se les reconocía en la Constitución, ni siquiera la pluralidad lingüística. Luego, en 1994, tuvo lugar el levantamiento zapatista, lo que dio pie a diálogos entre el gobierno y las comunidades indígenas. Sin embargo, los acuerdos alcanzados, que se presentaron como iniciativa, fueron desechados. Ese es el problema cuando no se reconocen los pactos, como sucedió con los Acuerdos de San Andrés, que ya habían sido firmados. Por eso, esta reforma es parte de un largo peregrinaje y de la resistencia de los pueblos indígenas para lograr el reconocimiento pleno de sus derechos”.
La reforma modifica el artículo 2° de la Constitución para otorgar a estos pueblos un reconocimiento pleno como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como para reforzar su identidad cultural. Además, pone especial énfasis en los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afrodescendientes.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), delegación Morelos, explicó que esta reforma busca que las decisiones y acuerdos tomados en asambleas comunitarias adquieran valor jurídico. Por ejemplo, se pretende que las comunidades puedan decidir sobre sus territorios ante cualquier megaproyecto que se pretenda establecer o frente a acciones que las involucren.
Es importante destacar que, según lo establece la reforma, este valor jurídico será válido siempre que no se violen los Derechos Humanos. Sin embargo, se han planteado preocupaciones sobre prácticas como el matrimonio infantil o la venta de menores, que podrían entrar en conflicto con la ley.
Para que esta reforma sea definitiva, aún falta que la Cámara de Senadores la vote y que posteriormente sea ratificada por los congresos locales.
Salvador Rosas / salvador.rosas@diariodemorelos.com