A la inseguridad nadie debe acostumbrarse; si bien la autoprotección es fundamental para no caer en la vulnerabilidad -primer valoración de la delincuencia ante sus víctimas- lo que es un hecho es que el gobierno morelense entrante está ante una oportunidad esencial de devolverle paz y tranquilidad a los morelenses.
Asumiendo que el mal endémico de la inseguridad y violencia es una prioridad que los nuevos funcionarios han establecido; los ejes para normalizar zonas mapeadas como las más inseguras pasan por un fortalecimiento de la seguridad interna hasta por un mejoramiento de la coordinación entre autoridades estatales con las federales.
En nuestra entidad, la delincuencia ordinaria ha venido transformándose y al seguir creciendo, modifica su esquema delincuencial para generar mayor presencia y poderío en la entidad.
Esta amenaza que es hoy una realidad, tiene que corregirse; como podemos advertirlo, cualquier vicio que altera el cumplimiento de la legalidad es un espacio propicio para alentar la delincuencia.
Tiempo perdido tendremos de mantener vulnearables nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia; no se diga de seguir bajo la inercia de dejar las cosas igual.
Hoy Morelos exige nuevos protocolos de seguridad, sistemas de inteligencia, capacitación, nuevos reclutamientos, entre muchos insumos formales que blinden a nuestros cuerpos policiacos y puedan tener resultados en materia de disminuir la incidencia delictiva y recobrar la confianza de la ciudadanía.
La crisis en seguridad también sufrió el mal manejo de los recursos púbicos en materia de seguridad estatal. Es un aspecto obligado para los nuevos funcionarios encargados de la seguridad, antes que nada, empaparse de la parte administrativa, de recursos materiales y humanos que dejó la otrora Nueva Visión, concretamente profundizar que, derivado de la resolución del 2011 en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación al estudiar las controversias constitucionales de Jiutepec, Xochitepec y Zacatepec -que se oponían a las reformas relacionadas con transparencia, rendición de cuentas y deuda pública- resultó que la Corte validó que cualquier aportación federal asignada a municipios o fideicomisos debe ser informada al Congreso Local, ergo, todos aquellos recursos que, durante seis años se destinaron al FOSEG o al Mando Único Policial, aún siendo en parte recursos federales, éstos deben ser auditables, sujetos a fiscalización y en su caso de detectarse un mal uso, fincar responsabilidades.
Habría que ver qué tanta información tiene el Congreso de Morelos sobre esta obligación legal que validó la Corte; existiría omisión de no haberla entregado y también podría existir complicidad de aquellos diputados que núnca la exigieron, lo que es irrefutable es que estamos comenzando con gobiernos nuevos a los cuales se les debe refrescar la memoria porque a la inseguridad no debemos acostumbrarnos. ¡Échenle ojo!
Hay un clamor de los morelenses en cuanto a querer que la seguridad mejore, para ello debemos ser enfáticos en que se tome con seriedad el andamiaje legal y fomentar una cultura de la legalidad en todos los ámbitos, hasta ahora esfumadas de la realidad morelense.
De poco servirá derramar tinta si no se investigan las consecuencias de la crisis en seguridad, tampoco si se siguen cometiendo los mismos errores del pasado. El reto es mayúsculo y el nuevo gobierno debe estar a la altura para afrontarlo rapidamente y de la mejor manera.
Por: Guillermo Amerena Betancourt